La COP26 vuelve a subrayar la importante labor de los pueblos indígenas en la protección de los bosques y la biodiversidad; un reconocimiento que no va a la par del reconocimiento de sus derechos, la garantía jurídica de sus territorios y la defensa de su integridad ante los crecientes ataques que soportan.
A los incendios, las inundaciones, la polución y la contaminación de los ríos a causa de la acción directa del ser humano y de la inacción de los Estados, se suma la pérdida de los bosques que son, precisamente, los responsables de absorber el 30% de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Este deterioro de los bosques sigue batiendo records en la Amazonía: según datos de la iniciativa MapBiomas, en 36 años la deforestación ha alcanzado 74,6 millones de hectáreas, lo equivalente a la superficie terrestre de Chile. Ante ello, uno de los primeros acuerdos en la COP26 de Glasgow fue la aprobación de la Declaración sobre bosques y el uso de la tierra, que incluye al 85% de Estados con superficie forestal y que refuerza la Declaración de Nueva York sobre bosques del 2014, con la diferencia de que comienza a visibilizar la importancia de los pueblos indígenas en su protección y se compromete a un mayor financiamiento para lograrlo.
Al parecer, las cumbres climáticas empiezan a entender que, sin la participación de los pueblos originarios en tanto propietarios del 22% de la superficie terrestre, no se logrará proteger ese 80 % de diversidad biológica que está en sus territorios. Y es que ya hace más de una década que se sabe que los pueblos indígenas frenan la deforestación y que, por tanto, garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y el uso y disfrute sostenible de sus tierras, es una de las acciones más urgentes que deben acometer los Estados.
Pérdida de territorios y aumento de la violencia
De los más de 500 pueblos indígenas que existen en la Amazonía, en Perú habitan 55 que ocupan casi la mitad de los bosques tropicales del país. Estos pueblos organizados en comunidades campesinas y nativas tienen títulos de propiedad de, aproximadamente, el 30% de toda la superficie del país, un porcentaje que sobrepasaría el 40% si incluyéramos a las comunidades indígenas que aún faltan por titular --y que podría ser incluso mayor atendiendo a los datos del gobierno del presidente Pedro Castillo--. En cualquier caso, y más allá de la importancia de las comunidades indígenas para la protección de la biodiversidad, lo cierto es que, hasta el día de hoy, no se ha asegurado con títulos de propiedad el territorio de todos los pueblos indígenas del Perú.
Los pueblos originarios históricamente excluidos continúan sin obtener la seguridad jurídica de sus tierras, a pesar de contar recursos como el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT-3) que, en casi seis años de implementación, no ha alcanzado los resultados esperados en materia de titulación de comunidades. Esta situación, entre otras, hace que, en los últimos años, se hayan incrementado las presiones, amenazas y violencia que sufren las comunidades amazónicas, en muchas ocasiones con fines ilícitos como la tala y la minería ilegal o la siembra de coca para el narcotráfico. En este sentido, los asesinatos y amenazas a líderes indígenas son ya moneda corriente: tan solo en lo que va de pandemia han sido asesinados doce líderes indígenas.
Un caso representativo es el del pueblo kakataibo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali. A día de hoy siguen resistiendo frente a un proceso colonizador que trata de acorralarlos. La alarmante violencia ha provocado ya varios asesinatos y ha hecho que Herlín Odicio, líder de la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (Fenacoka), se haya visto obligado a vivir en la clandestinidad, amenazado de muerte por narcotraficantes. Por su parte, Merino Odicio Huayta, líder de la comunidad nativa Mariscal Cáceres, salvó su vida hace un mes, pero no pudo evitar la brutalidad de que narcotraficantes le cortaran una oreja.
La situación es similar en los territorios colindantes de comunidades shipibo-konibo, asháninka y yaneshas, y en general, en el resto de comunidades nativas de la Amazonía, que hacen frente a la invasión de sus tierras por colonos que muchas veces llegan alentados por organizaciones criminales. Una vez allí toman posesión de las tierras, se asientan y empiezan a deforestar para la explotación de cultivos ilícitos o monocultivos e incluso pistas de aterrizaje para vuelos relacionados con el narcotráfico. En paralelo a esta actividad, empiezan a solicitar títulos individuales a las autoridades competentes y, al cabo de un tiempo y de manera ilegal, obtienen títulos de propiedad en complicidad con funcionarios corruptos de gobiernos regionales.
Impunidad y racismo institucional
Ante sus protestas, los indígenas en el Perú son normalmente ignorados y sus denuncias, dilatadas en el tiempo, acaban disolviéndose en la impunidad; ni la policía, ni los fiscales o jueces y ni siquiera los funcionarios locales y regionales atienden sus quejas, bajo el ejercicio de lo que muchos interpretan como un racismo institucional normalizado. Muestra de ello es el caso de la comunidad nativa Unipacuyaku, cuyo líder Arbildo Meléndez fue asesinado tras unirse al reclamo de la titulación por más de 30 años. Hoy están sitiados por el narcotráfico y han perdido casi 17.000 hectáreas de sus tierras en manos de invasores. La impunidad de las muertes de los indígenas es otra forma más de invisibilidad, como en el caso de los cuatro kakataibos asesinados para los que no hay detenidos ni juicios y las investigaciones siguen siendo infructuosas.
Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana están agotados de clamar derechos y justicia, y no recibir respuesta del Estado. Hay, sin duda, un pacto social resquebrajado que en doscientos años de existencia no ha logrado incorporar con igualdad de derechos a las comunidades indígenas.
La urgencia de enfrentar hoy los bruscos cambios climáticos ponen a los pueblos indígenas de nuevo en la palestra, pero es indispensable que no reduzcamos a estas comunidades a su papel de barrera de protección de los bosques; urge la reivindicación de su sabiduría ancestral, el respeto de sus derechos, el reconocimiento político de su incalculable aporte en los Estados y la obligación de contar con su participación directa en la toma de decisiones para enfrentar el inminente colapso climático.
Luis Hallazi es miembro del Instituto del Bien Común (IBC), socio local de Manos Unidas en Perú.
