Por J. Ignacio García Pérez y Alfonso R. Sánchez Martín, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), para Fundación Ramón Areces.
La conjunción de la posibilidad de percibir prestaciones por desempleo durante periodos prolongados y la penalización por jubilarse anticipadamente tiene efectos perversos y genera situaciones muy extendidas de baja participación laboral en los trabajadores de edad avanzada.
En España, la proporción de trabajadores de edades avanzadas que vuelven al trabajo tras quedarse parados es muy baja: a los 55 años, solo un 7% vuelve a tener un empleo y a los 60 años la fracción es sólo de un 2%. Estas cifras suponen una cuantiosa pérdida de recursos humanos a una edad en la que los trabajadores son aún muy productivos.
Además, en un contexto de acusado envejecimiento de la población, esta situación pone en peligro el equilibrio financiero de los sistemas públicos de prestaciones por desempleo y de pensiones. Por otro lado, tradicionalmente se ha venido pensando que la baja incorporación al mercado laboral de los trabajadores de avanzada edad era, simplemente, la dificultad de conseguir un empleo.
Sin embargo, en España, como consecuencia de las crisis económicas de los años ochenta, se introdujeron mecanismos generosos de mantenimiento de rentas para los parados en edades cercanas a la de cobro de la pensión de jubilación. Por ejemplo, se introdujo un subsidio especial para mayores de 52 años, de forma que, bajo determinadas condiciones, es posible cobrar prestaciones por desempleo desde esa edad hasta la edad legal de jubilación, es decir, los 65 años. También se fomentó la jubilación anticipada, a partir de los 60 años, con una penalización de un 7,5% del importe de la pensión por cada año de adelantamiento con respecto a los 65 años.
Asimismo, la conjunción de la posibilidad de percibir prestaciones por desempleo durante periodos prolongados y la penalización por jubilarse anticipadamente tiene efectos perversos. En efecto, a los trabajadores de edad avanzada no les resulta rentable aceptar ofertas de empleo con salarios algo superiores al nivel de las prestaciones por desempleo, con lo que la proporción de los que vuelven a trabajar es muy baja.
Pero, por otra parte, tampoco les interesa jubilarse, dada la penalización en su pensión si adelantan su edad de jubilación. El resultado es que siguen estando formalmente parados y cobrando las prestaciones, pero en realidad no buscan empleo, por lo que de hecho no están en la población activa. Estos comportamientos son mucho más acusados entre los 55 y los 60 años que en edades posteriores. En todo caso, los investigadores calculan que esta estrategia es seguida por cerca de la mitad de los parados entre 55 y 65 años.
De la misma manera, dada esa estructura de incentivos, incluso si la tasa de llegada de ofertas de trabajo que reciben los parados de edades avanzadas se duplicase, la proporción de trabajadores que seguirían en paro sería muy elevada. Es decir, que la dificultad para encontrar empleo a edades avanzadas no explica por sí sola la baja tasa de participación laboral a esas edades.
MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA TASA DE PARTICIPACIÓN
¿Qué medidas podrían ayudar a incrementar esa tasa de participación? Una alternativa que sí resulta ser muy efectiva (aunque sería probablemente percibida como muy dura) es que la penalización por la jubilación anticipada se aplique no al pasar del paro a la jubilación sino en el momento de pasar de empleado a parado por última vez antes de jubilarse.
En conjunto, los resultados enfatizan la fuerte interrelación existente entre los dos sistemas de seguro público relevantes para los trabajadores desempleados: las prestaciones por desempleo y las pensiones de jubilación. Un sistema de protección al desempleo generoso y una política de penalización a la jubilación anticipada como la que actualmente existe en España inducen que un grupo amplio de trabajadores desempleados decida no seguir buscando empleo pero tampoco jubilarse sino esperar, usando la prestación por desempleo como forma de financiarse, para "comprar" una mayor pensión en el futuro.
Estos resultados, tanto teóricos como empíricos, proporcionan una nueva perspectiva para abordar, con mayores garantías, las reformas en ambos sistemas que los cambios demográficos y sociales harán inevitables en un plazo temporal relativamente breve.