Miles de mujeres y de niñas sufrieron abusos sexuales durante el conflicto armado que desoló Guatemala durante casi 40 años. En sus cuerpos se consolidó una estrategia de destrucción y de humillación colectiva, dirigida a las comunidades declaradas "enemigo interno" por el ejército. Todos los autores intelectuales y materiales, de estos delitos permanecen aún en libertad y sin atisbo de ser juzgados.
Ante la complicidad de una justicia miope que ha evitado escuchar los testimonios de las sobrevivientes, ellas han decidido romper este silencio e interpelar a los responsables de estos delitos y a quienes no han promovido la rendición de cuentas a través de un Tribunal de Conciencia, que tendrá lugar en Guatemala, a principios de 2010, y que estará integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el campo de la Justicia y de los Derechos Humanos.
Los Tribunales de Conciencia son recursos de alto contenido simbólico y material que operan en complejos espacios de denuncia y reconocimiento de realidades, individuales y colectivas, allí donde las normas jurídicas de los Estados no han podido o no han querido imputar responsabilidades. La instrumentalización de la violencia, tanto en sus formas más brutales y evidentes como en las más sutiles e invisibilizadas, se configura en la realidad como el guardián del orden establecido.
Este orden, en el que miles de agresores viven en la más absoluta impunidad, sólo puede ser evidenciado cuando las afectadas alzan la voz y encuentran eco en una sociedad dispuesta a exigir el cumplimiento de las normas jurídicas y sociales basadas en la igualdad como máxima expresión de justicia.
Es innegable que cualquier persona con un mínimo sentido de la justicia de género, al ser convocada como parte de un Tribunal de Conciencia --de esos en los que, según Lutero o Sartre, todos y todas podemos recordarle a quienes han creado las leyes que la funcionalidad está en su aplicación--, exigiría castigo para los culpables de estos crímenes que la justicia universal equipara al genocidio.
Sin embargo, también es incuestionable que otras formas de violencia gozan del amparo y de la protección de unas mayorías que parecen tener clara la violencia sólo cuando es absolutamente explícita y brutal, mientras que la mal llamada "violencia blanda" se normaliza en las conciencias a través de mecanismos de adaptación destinados a ocultarla, minimizarla e ignorarla.
Esta conciencia colectiva, que se erige como tribunal, es quien premia o penaliza según se acaten o no las costumbres y los roles que impone la jerarquía de género, que asocia todo lo "bueno" a la pureza sexual de las mujeres y de las niñas. Son tribunales que funcionan en sentido unidireccional, donde la parte sometida a juicio, y por lo general condenada, es la propia víctima.
Esta polémica entraña un discurso que prefiere centrarse en el perverso cuestionamiento de la autonomía de las mujeres y en la capacidad de éstas para decidir sobre sus cuerpos (como si esto fuese negociable), antes que replantearse la responsabilidad de la actividad sexual compartida. Así, los hombres: chicos y grandes, quedan exentos de asumir cualquier reclasificación de los cuerpos de las mujeres. ¿Se puede esperar, entonces, que sean adultos comprometidos con la igualdad en las consecuencias del acto sexual? ¿Se podría exigir que se conviertan en investigadores, políticos o directivos comprometidos con el respeto hacia los cuerpos de las mujeres?
Todo lo contrario. De hecho, se asume con pasmosa normalidad que las clínicas de interrupciones voluntarias del embarazo estén llenas, por lo general, de mujeres solas o acompañadas de otras mujeres, las mismas que buscan la píldora del día después junto a las amigas. No debería extrañarnos, así las cosas, que la mayoría de hombres se sientan más implicados con una infección de oído o con una disentería, que con el contagio del Virus del Papiloma Humano (HPV), que mata por cáncer de cérvix a dos mujeres cada día en España y que ellos portan, pero generalmente no padecen.
El mensaje de la fratría está servido: la mayoría de la población mundial, las mujeres, deberá someterse constantemente a diferentes tribunales que decidirán en que momento y de que manera sus problemas son o no de responsabilidad compartida y de interés social. Por lo tanto, desde la conciencia de los cabezas de familia, de la comunidad y de los países se seguirán promoviendo acciones como la investigación de Viagra para ellos y del anticonceptivo oral para ellas, a la vez que mantendrán innumerables consideraciones hacia los violadores y el estigma sobre las víctimas.
Es aquí, donde los Tribunales de conciencia, al ejercer su acción más significativa en el terreno de lo simbólico, desde lo micro de la autoconciencia, hasta lo macro del movimiento social, también pueden crear jurisprudencia sobre el debido examen de conciencia al cual deberían someterse todos los que participan del ritual de pactos donde esos "consejos de sabios" deciden sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es admisible y lo que no, en los cuerpos donde (de una forma u otra) legitiman su poder, coartando cualquier asomo de relación entre iguales.
Mercedes Hernández preside la Asociación de Mujeres de Guatemala y es asesora en materia de género para otras entidades, como la 'Asociación Mujeres Jóvenes Generando', 'Comunicación Positiva' o la Orquesta de Cámara 'Femme Si'.