CEPES afirma que Ley de Economía Social "no excluye a ningún modelo empresarial, ni destruye empleo"

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MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha asegurado que la Ley Integral de Economía Social "no excluye a ningún modelo empresarial, ni destruye empleo, sino que ordena jurídicamente a las empresas y entidades de la Economía Social conforme a sus principios y valores recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011".

A su juicio, esta norma "debe ofrecer seguridad jurídica y reconocer a aquellas entidades que cumplen de forma efectiva con los principios y valores de la Economía Social, garantizando su función de inclusión social y generación de empleo de calidad", por lo que ha reiterado que no destruye empleo de personas con discapacidad.

El pasado mes de diciembre, la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados aprobó, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Economía Social, que ha contado con el rechazo de PP y Vox, y que se encuentra ahora en el Senado.

CEPES valora positivamente esta tramitación del Proyecto de Ley al considerar que supone "una base sólida sobre la que seguir construyendo", aunque ve necesario "seguir trabajando para incorporar aspiraciones esenciales de la Economía Social que refuerzan su desarrollo y consolidación".

En este sentido, confía en que la tramitación en el Senado y el posterior retorno al Congreso "permitan avanzar hacia un mayor consenso político que haga posible introducir mejoras orientadas a potenciar su impacto social y económico".

En este contexto, CEPES reitera la necesidad de que esta norma "identifique y defina de manera expresa a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores empresariales esenciales de la Economía Social, en coherencia con los principios recogidos en la Ley de Economía Social y con el marco jurídico vigente".

En un comunicado, CEPES recuerda que el ordenamiento jurídico español reconoce desde 2017 la diferenciación entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) y Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE), "una distinción avalada por la normativa vigente y por la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo".

Así, detalla que la diferenciación radica en el rendimiento pues mientras "los CEEIE desarrollan legítimamente su actividad con ánimo de lucro, los CEEIS carecen de ánimo de lucro y están obligados a reinvertir la totalidad de sus beneficios en su finalidad social principal: mejorar el acceso al empleo y las capacidades laborales de las personas con discapacidad".

CEPES añade que la delimitación de los CEEIS como entidades de Economía Social no implica la desaparición de los CEE con ánimo de lucro ni la pérdida de empleo y afirma que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial existentes "seguirán operando con normalidad".

Asimismo, asegura que no se desincentiva la contratación futura de personas con discapacidad ya que "los CEEIE seguirán teniendo acceso a los mecanismos de apoyo vigentes, incluidas las ayudas públicas para la contratación de personas con discapacidad, como recoge la normativa actual".

"REORDENAMIENTO JURÍDICO NECESARIO"

A su juicio, la no mención explícita de los CEEIE en la Ley de Economía Social "no implica en ningún caso" la destrucción de empleo, sino "un reordenamiento jurídico necesario para delimitar el perímetro de la Economía Social conforme a sus principios y valores".

Además, CEPES insta a no equiparar en la Ley Integral de Economía Social dos modelos empresariales distintos, que operan guiados por principios y valores diferenciados, y garantizar que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social "queden claramente enmarcados dentro de la Economía Social".

CEPES indica que en el ámbito de la contratación pública, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ya establece la diferenciación jurídica entre CEEIS y CEEIE, reconociendo la reserva de contratos y lotes a favor de entidades con finalidad social reforzada, como los CEEIS y las empresas de inserción.

"Esta delimitación no supone ninguna restricción nueva, ya que los CEEIE pueden concurrir a la contratación pública en igualdad de condiciones con el resto de las empresas y beneficiarse de cláusulas sociales cuando cumplan los requisitos establecidos en los pliegos" aclara Pedreño.

En el mismo sentido, CEPES señala que la definición de los CEEIS no incrementa el gasto público. "Se ha demostrado que la inversión pública en estos centros genera un mayor retorno económico y social, al reducir costes sociales y aumentar los ingresos" concluye al respecto Pedreño.