El II Observatorio sobre Integración Laboral de SIFU muestra sin embargo que el grado de cumplimiento de la LISMI subió en 2006 un 10%
MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un 66% de las empresas españolas, esto es, dos de cada tres, no cumple la obligatoriedad de presencia en sus plantillas del 2% de personas con discapacidad, según lo estipulado en la Ley de Integración Social de Minusválidos aprobada en 1982 (LISMI) para empresas de más de 50 trabajadores. Así lo demuestran los datos presentados esta mañana en Madrid por el presidente del Grupo SIFU, Albert Campabadal, y extraidos de su II Observatorio sobre Empresa y Discapacidad 2006.
Los resultados del estudio --realizado durante el último trimestre del pasado año sobre una muestra de 400 empresas españolas de más de 50 trabajadores-- señalan también que, aunque el 96% de los encuestados dijo conocer la ley, sólo el 32% la cumple. Aunque los datos no son muy alentadores, Campabadal señaló que se ha detectado sin embargo un aumento del 10,6% en la tasa de cumplimiento de la LISMI en 2006 con respecto al año anterior.
Por comunidades autónomas se constataron grandes diferencias en el cumplimiento de esta reserva de cuota del 2% que estipula la LISMI, situándose Aragón y Cantabria, con un 62,5% y un 60% de empresas que la cumplen respectivamente, como las dos únicas CCAA que cuentan con un grado positivo de cumplimiento. A continuación se sitúa Galicia y La Rioja, con un 50% ambas, y País Vasco, con un 45%. A la 'cola' en cuanto a cumplimiento aparecen Andalucía (10%) y Canarias (9%), la peor situada.
Según el tamaño de la empresa, son las de entre 200 y 1.000 empleados las que cuentan con tasas de cumplimiento de la LISMI menores (un 30%), mientras que en las grandes empresas la tasa se sitúa en el 34%. Las situadas entre 5.000 y 10.000 empleados son las más 'cumplidoras', con un 40%. Por sectores, los que peor se 'portan' son el sector de la construcción y el agrícola, los más incumplidores. El resto, se encuentran entre un 63% y un 68%.
Con respecto al conocimiento por parte de las empresas encuestadas de las Medidas Alternativas para alcanzar este 2% (sin que sea empleo directo) éste es bastante más bajo que el de la propia ley, ya que sólo el 73% de ellas señaló conocer este Real Decreto. En general, y de media en estas empresas, la población discapacitada ocupa el 1,1% de la plantilla --por debajo del 2% obligatorio--. Sólo un 2% de las empresas tienen entre su plantilla más de un 5% de empleados con discapacidad.
En las empresas públicas el porcentaje de la plantilla de personas discapacitadas es mayor, al igual que en las grandes empresas --más de 1.000 empleados--. El sector servicios es el que menor porcentaje de trabajadores con discapacidad presenta. Los problemas de este colectivo para integrarse social y laboralmente se incrementan cuando éstos son mujeres, que, a juicio de SIFU, "están sometidas a una doble discriminación".
QUÉ LABORES DESEMPEÑAN.
En cuanto a los trabajos que desarrollan generalmente las personas con discapacidad contratadas en empresas o centros especiales de empleo, el 63%, la gran mayoría, son operarios, el 49% administrativos, el 22% técnicos, el 13% profesionales, el 5% mandos intermedios y una mínima parte, sólo el 2%, mandos superiores. El 65% de las empresas encuestadas respondieron que cuentan con empleados con discapacidad en sus plantillas desde hace más de cinco años.
El estudio arroja también que existe "una tendencia optimista" en materia de integración de estas personas en las empresas, sobre todo en el sector del comercio y de los servicios y especialmente en las medianas empresas. Así, el grado de satisfacción de los empresarios que ya han apostado por estas personas es de 8 sobre 10. Sólo el 3% de las empresas encuestadas dijeron no estar contentas con estos trabajadores.
En materia de adaptación, este II Observatorio ha detectado que alrededor del 60% de las empresas no están adaptadas a personas con discapacidad. Aún así, son las empresas de la Comunidad de Madrid las mejor adaptadas. Las de más de 1.000 empleados también mostraron estar mejor adaptadas que el resto: en el caso de las medianas el porcentaje era del 25% y en las grandes del 65%.
A la pregunta de por qué no se cumple la LISMI, el 60,4% de las empresas encuestadas respondió que la persona no cumplía con el perfil requerido, el 53,1% señaló la dificultad para encontrar este personal y el 12,7% alegó que el trabajo era demasiado duro e incompatible con la discapacidad. El 6% creía que la adaptación de la empresa sería "costosa" y el 3% que prefería las Medidas Alternativas (compras a centros especiales de empleo, etc).
Como conclusión, el 53,3% de las empresas consideró que no se cumple la ley porque la Administración "no hace lo suficiente para que se cumpla", el 20% consideró que también debería facilitar más el acceso a este personal, el 13% opinó que deben darse más ayudas económicas y el 12% lo achacó a la falta de información sobre la ley. Además, consideraron que la Administración tampoco da ejemplo a la hora de contratar a personas de este colectivo y no impone sanciones a las empresas incumplidoras.
De esta forma, muchas empresas que desean cumplir con la LISMI dicen "encontrar muchas dificultades en el camino", como la falta de sensibilidad empresarial sobre el tema, además de la ausencia de 'canales' de comunicación entre las compañías que no saben cómo encontrar a estas personas para ser contratadas y que puedan integrarse social y laboralmente.
