PP y ECP apuestan por implantar prácticas de responsabilidad social para promover la conciliación y la igualdad

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) y Entesa Catalana de Progrés (GPECP) han presentado en el Senado sendas enmiendas de modificación al Proyecto de Ley de la Economía Sostenible (LES) con el fin de implantar prácticas de responsabilidad social para promover la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las personas con discapacidad, entre otros aspectos.

Así, en una enmienda registrada en la Cámara Alta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el GPP cree que las medidas que se tomen en materia de responsabilidad social deben incidir especialmente en la "conciliación de la vida laboral y familiar, integración de las personas con discapacidad, fomento de la contratación indefinida, y la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres". Según los 'populares', de este modo se podrán conseguir "unas relaciones laborales de calidad, así como el fomento de la contratación indefinida".

En la misma línea, la enmienda presentada por el GPECP pide a los proveedores implantar la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social empresarial, en particular, "aquellas relativas a la promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena integración de las personas con discapacidad". Según este partido, la inclusión de este criterio reflejará "un mayor compromiso con la adopción de criterios de responsabilidad social por los proveedores de las empresas públicas".

Además, el GPECP ha formulado una enmienda de adición para incorporar una definición de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En la misma, se indica que la RSE "es un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y medioambiental adoptados por las empresas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible".

MULTINACIONALES Y DDHH

Por su parte, el Grupo Parlamentario Mixto (GPMX), a través de Francisco Javier Tuñón San Martín, ha presentado una enmienda de adición para que el Gobierno apruebe, en el plazo de un año, un proyecto de Ley para las empresas multinacionales españolas con el objeto de que "las obligue a respetar los derechos humanos, laborales y socioeconómicos en todos los países donde tengan actividad y cuyo incumplimiento, en cualquier parte del mundo, pueda ser juzgado en el Estado español".

De este modo, señala que se podrán evitar "prácticas perversas" de las empresas multinacionales "y combatir la deslocalización provocada por menores costes de fabricación a costa de la explotación humana y de recursos naturales en otros países".

INFORME DE LAS COTIZADAS

Además, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), ha presentado una enmienda de modificación para que las sociedades anónimas cotizadas puedan "hacer público con carácter anual sus políticas y resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a través de un informe ad hoc". Asimismo, se indica que las sociedades anónimas cotizadas que prefieran no reportar sus políticas de RSE deberán comunicarlo "expresamente con carácter anual".

En el documento se detalla que esta información anual será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que remitirá copia a las respectivas autoridades de supervisión cuando se trate de sociedades cotizadas que estén dentro de su ámbito de competencias.

En la misma línea, se plantea que la CNMV remita anualmente un informe al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) sobre el grado de cumplimiento por parte de las empresas. Esta información será objeto de publicación como hecho relevante, según precisa el texto.