Actualizado 08/09/2009 20:38 CET

RSC.-El CERMI elabora una guía de contratación de personas con discapacidad para las Administraciones Públicas

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un manual de buenas prácticas de la contratación pública socialmente responsable de personas con discapacidad para que sirva de guía práctica a los órganos de contratación de todas las Administraciones Públicas, según informó hoy en un comunicado.

El manual analiza la legislación vigente en materia de empleo público en relación con las cláusulas sociales y desglosa las ventajas y beneficios de este tipo de contrataciones para las Administraciones Públicas, las personas con discapacidad, las empresas y entidades privadas, así como el beneficio colectivo para la sociedad.

Actualmente, la tasa de empleo de las personas con discapacidad ronda el 30 por ciento, mientras que la cifra de la población general se sitúa en torno al 58 por ciento. Las Administraciones Públicas están desplegando acciones diversas para fomentar la contratación en este sector como la aprobación de incentivos para la contratación indefinida de personas con discapacidad, la creación de agencias directas de colocación o intermediación en el mercado de trabajo o la organización de servicios de información y de orientación laboral.

También realizan medidas como la formación prelaboral y laboral específica, la asesoría multidisciplinar para el autoempleo y el apoyo a los emprendedores, el impulso a la creación de empresas de inserción con actividad mercantil, la aprobación de programas de empleo social protegido o la exigencia de reserva de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social.

En opinión del CERMI, "no cabe duda de que en nuestra época el empleo se ha convertido en uno de los factores más eficaces en la lucha contra la exclusión social, debido a que no sólo es una fuente de ingresos, sino también el origen de toda una red de relaciones sociales que facilitan la inclusión".

Por este motivo, considera que una solución "factible, lógica y verdaderamente efectiva" es impulsar de manera decidida la realización de políticas activas de empleo de las personas con discapacidad, "proceso para el que es pieza esencial la proliferación de cláusulas sociales en la contratación tanto por parte del sector público como de las empresas privadas".