RSC.- La coalición de trabajadores que lanzó el boicot contra Taco Bell por explotación denuncia un "intento de soborno"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coalición de los Trabajadores Immokalee (CIW), que ha lanzado la campaña de boicot contra la cadena estadounidense de comida rápida Taco Bell por explotación laboral en las granjas de Florida, ha denunciando un "intento de soborno" por parte de la compañía; el pasado mayo, la CIW y Yum! Brands, casa madre de Taco Bell, no consiguieron llegar a un acuerdo durante la junta de accionistas.

Según denuncia la CIW, "en un último esfuerzo por contrarrestar el creciente respaldo al boicot" lanzado contra sus restaurantes en todo el país, "Taco Bell envió un choque no solicitado a la Coalición de Trabajadores Immokalee, que la Coalición devolvió de inmediato".

La compañía afirmaba que el cheque, de 110.000 dólares (unos 90.200 euros), representa el pago de un centavo por cada libra (453 gramos) de tomates recogidos por los trabajadores de sus subcontratas en las explotaciones agrícolas de Florida.

La CIW revela además que Taco Bell, propietaria de marcas como Pizza Hut o KFC, ya ofreció realizar este pago durante una reunión celebrada con representantes de la Coalición y de la Iglesia Presbiteriana, que todas las partes decidieron mantener en secreto.

Durante esta entrevista, la Coalición insistió en que los proveedores deben aumentar los salarios de los trabajadores de estas explotaciones, dado que existe un margen de beneficio suficiente para ello y además Taco Bell es lo suficientemente poderosa como para que sus presiones a los contratistas tengan efecto.

"Pero esto no parece importar a Taco Bell, que se ha limitado a enviar un cheque a la coalición, sabiendo que el dinero no compensa con justicia a los trabajadores ni supone una promesa de que lo hará", denuncia la organización, subrayando que el cambio debe ser "de todo el sistema" y no mediante donaciones puntuales de fondos.

En opinión de la CIW, en realidad "Taco Bell ya está sintiendo la presión del boicot nacional", pero "en lugar de trabajar para acabar con los abusos a los Derechos Humanos en su cadena de suministro, y reclamar prácticas modernas a sus proveedores, simplemente ha tenido un gesto de relaciones publicas destinado a engañar a la prensa y a la opinión pública".

La Coalición apunta que las prácticas de responsabilidad social corporativa exigen que compañías "multimillonarias" como Yum! Brands establezcan "relaciones directas y transparentes" con sus proveedores con el fin de verificar las prácticas laborales en su cadena de producción "tal y como exigen los consumidores".

UN DIALOGO DIFICIL

El pasado mayo, durante su junta de accionistas, el presidente de Yum!, David Novak, aseguró que estaba dispuesto a dialogar con la CIW, y se comprometió a trabajar con la industria para conseguir un aumento salarial de un centavo por libra de tomate recolectada, así como a liderar un 'lobby' para favorecer el cambio de legislación. A cambio, el boicot debía suspenderse.

Sin embargo, la CIW apuntó que estos compromisos eran insuficientes y que sólo se habían realizado de cara a la prensa. En un comunicado, la Coalición acusó a Novak de realizar "promesas vacías sin un compromiso real de cambio", y que el simple anuncio de cooperar con la CIW no suponía ninguna mejora.

Los casos de violaciones a los derechos de los trabajadores e incluso de trabajo forzado en el sector agrícola en Estados Unidos vienen siendo denunciados desde 1997, por ejemplo en las plantaciones de tomates de Florida. Los informes de Oxfam América revelan que los salarios de los campesinos de estas explotaciones estadounidenses han caído un 65 por ciento desde 1978.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, un agricultor gana una media de 7.500 dólares anuales (6.200 euros), trabajando entre diez y doce horas diarias, seis o los siete días a la semana. Además no tienen derecho a sindicarse, ni a cobrar horas extras, ni a ningún tipo de beneficios.

Yum!, con 33.000 restaurantes en todo el mundo, ya ha recibido en otras ocasiones presiones por parte de grupos de Derechos Humanos. El boicot lanzado por la CIW contra Taco Bell está destinado a los principales consumidores de este restaurante, la población de entre 18 y 24 años.

Como resultado, veinte universidades han retirado sus franquicias de Taco Bell o han suspendido sus contratos de patrocinio deportivo con la compañía. El pasado abril, centenares de estudiantes de tres Estados y cinco escuelas iniciaron incluso huelgas de hambre en señal de protesta, alentando a los universitarios a echar a Taco Bell de sus campus.