MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Los contratos indefinidos de fomento de empleo (con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado) registrados por conversión (primero existía un contrato temporal) crecieron un 175% en el ámbito de la población discapacitada desde la entrada en vigor, el pasado mes de julio, de la última reforma laboral, según aseguró hoy el secretario general de Empleo, Antonio González.
Estas declaraciones se produjeron durante la inauguración de la jornada sobre discapacidad, mejora y crecimiento del empleo celebradas hoy en la Fundación ONCE, un acto en el que también estuvo presente el director general de la institución, Luis Crespo Asenjo, quien destacó que se ha probado que "las empresas con un 50 a un 80% de personas con discapacidad son perfectamente competitivas".
Según explicó González en su intervención, este incremento de las conversiones a contratos de fomento se enmarca en el crecimiento generalizado de la contratación indefinida de personas con discapacidad. Así, han aumentado en un 12% los contratos ordinarios iniciales y, en un 13%, los de fomento de empleo.
Los niveles más bajos se han registrado en las conversiones a empleo indefinido con contratación ordinaria. En el periodo analizado se han registrado un 25% menos de contratos de este tipo entre la población discapacitada en activo, lo que, según González, "es explicable porque se ha producido una desviación hacia los indefinidos de fomento".
En cifras generales, el secretario de empleo estimó que el crecimiento de la contratación indefinida realizada en los enclaves laborales ascendió al 600% "aunque en términos absolutos la cifra no es tan abultada".
Pese a estos "resultados loables y estimables", Gonzaléz afirmó que los datos son "claramente insuficientes respecto a los resultados obtenidos en el resto de colectivos" donde "el tirón ha sido mucho mayor" en lo que la contratación indefinida se refiere.
UNA REFORMA INSUFICIENTE
Esto es así, en parte porque "los resultados son fruto de una política continuista más que de un cambio sustancial en el enfoque y contenido de la que se venía utilizando" y porque "las medidas establecidas por la Ley de Mejora de la Calidad y el Empleo (...) están basadas en enfoques todavía convencionales y resultan claramente insuficientes".
En este sentido, recordó que la citada ley incluye un "mandato del Parlamento" por el que se ha de desarrollar un programa marco de actuación para el fomento del empleo entre la población activa discapacitada, algo que constituye "una gran oportunidad para materializar una estrategia global de empleo" para estas personas que suponen un 5% del total de la población en disposición de trabajar.
Según explicó González, entre este 5% de la población activa el mayor problema es el "altísimo grado de inactividad", un problema "muy grave" que afecta "a un gran volumen de personas que no se consideran incapacitados para asumir una tarea laboral por lo que tendrían que ser potencialmente activos".
Por ello, se hace inevitable "trabajar por resolver el problema en las próximas semanas" para así "dar un gran salto adelante" mediante la elaboración de "todo un conjunto de medidas (...) planteadas en términos de estrategia para evitar contradicciones (...) y con carácter global para contemplar más facetas de la intervención pública".
