RSC- Oxfam denuncia que las compañías mineras canadienses y estadounidenses amenazan los derechos indígenas en Guatemala

MADRID, 24 May. (EUROPA PREASS) -

La organización no gubernamental Oxfam América ha denunciado que las compañías mineras canadienses y estadounidenses que buscan níquel en Guatemala están amenazando los derechos de las comunidades indígenas del noreste del país, con la complicidad del Gobierno, que está prácticamente "regalando tierras a precio de saldo".

En un informe recién publicado, Oxfam recoge el caso de la comunidad maya de El Estor, con la que esta ONG lleva trabajando desde 1999. "Las agresivas operaciones de las compañías mineras de níquel plantean una seria amenaza": 20.000 personas --de una comunidad total de 40.000 habitantes en El Estor-- podrían perder sus tierras.

Guatemala es un país rico en metales, algunos de los cuales se cuentan entre los más cotizados de los mercados internacionales, como el oro, la plata, el cobre o el níquel. El país posee unas 160 minas, concedidas por el Gobierno a compañías extranjeras, esencialmente norteamericanas.

Según Oxfam, los precios de las concesiones son tan baratos "que los inversores no podrían comprar las tierras más rápido": un kilómetro cuadrado para explotación minera cuesta unos 120 dólares (unos 100 euros), y las empresas sólo tienen que pagar un 1 por ciento de comisión a las arcas públicas.

La Asociación El Estor para el Desarrollo Integral (AEPDI), docenas de comunidades del noreste "están pagando el precio" de esta política, que está sorteando las disposiciones legales: las tierras pertenecen legalmente a los indígenas, pero como el subsuelo es propiedad del Estado, la Administración puede venderlo independientemente de lo que haya encima.

Oxfam denuncia que el Gobierno también está ignorando las disposiciones internacionales que le obligan a consultas previas con las comunidades de origen maya, tal y como establece la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Afirma además que estas excavaciones violan la "espiritualidad" indígena dado que la minería se considera "una profanación de la tierra".

"A medida que los mayas son forzados a salir de sus tierras, van abandonando sus casas, sus escuelas, sus iglesias y sus cultivos para dejar espacio a las operaciones mineras --señala Oxfam--. En un país en el que miles de indígenas ya carecen de seguridad alimentaria y de servicios sanitarios, los desplazamientos y destrucciones medioambientales causados por las operaciones mineras son devastadores".

En total, se calcula que seis empresas --las canadienses Inco, Jaguar Nickel, Goldex Resources y Radius Explorations y las estadounidenses Glamis Gold e ITH Chemical-- han comprado unas 160 concesiones en tierras pertenecientes a los indígenas en todo el país.

En 2002, la AEPDI obtuvo una importante victoria, al conseguir que el presidente Alfonso Portillo anulara una de las concesiones, pero Oxfam considera que no pueden esperarse "otras 160 victorias". La Asociación se plantea la posibilidad de recurrir ante la Comisión Americana de los Derechos Humanos e incluso ante el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos.