Rechazan la proposición de ley del PP-A sobre los colonos del sector Almonte-Marismas

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PP-A sobre la situación de los colonos de la zona regable del sector Almonte-Marismas de Doñana que optaron en 1997 por la retirada de sus cultivos en las tierras cedidas por el extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA).

Según recuerda el Ejecutivo andaluz, el texto, "prácticamente idéntico" a una proposición no de ley debatida en el Parlamento en marzo de 2017, se solicita la creación de una comisión de trabajo para analizar esta cuestión y se denuncian agravios comparativos con aquellos agricultores y cooperativas que decidieron seguir cultivando en otras zonas facilitadas por la Junta.

En su criterio negativo, el Gobierno que preside Susana Díaz recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia de 2008, "no avaló esta supuesta discriminación" y reitera que la Junta ha cumplido todos los compromisos adquiridos con los afectados, suscritos en un acuerdo de 1997 tras la publicación del dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo Socioeconómico Sostenible en el entorno de Doñana.

Este informe recomendaba dejar de explotar en regadío a cambio de compensaciones o bien reubicar las explotaciones en tierras más alejadas del Parque Nacional de Doñana y del Arroyo de la Rocina, para evitar la sobreexplotación del acuífero. El acuerdo con los colonos planteaba ambas opciones de elección libre. La de la reubicación en otras tierras incluía la posibilidad del acceso a la propiedad, mientras que la del mantenimiento de la explotación sin cultivo se establecía por un periodo de 20 años y a cambio de las correspondientes compensaciones económicas por retirada de cultivo o reforestación de tierras agrarias.

El Consejo de Gobierno recuerda que durante las dos décadas de estas concesiones
improrrogables, hasta septiembre de 2017, las nueve cooperativas y 21 agricultores que se acogieron a la segunda opción han estado cobrando sus ayudas puntualmente, además de obtener la condonación de sus deudas con el IARA.

Finalmente, el Ejecutivo andaluz entiende que al tratarse de un tema que ya ha sido objeto de debate en sede judicial, no cabe la posibilidad, desde un punto de vista jurídico, de negociar o adoptar medidas revisoras del acuerdo alcanzado en 1997, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha concluido el plazo de vigencia de las concesiones.