La Junta alerta de “colapso” urbanístico con sólo el 22,8% de municipios con PGOU adaptado a la ley tras 16 años

Actualizado 23/07/2019 15:50:03 CET
- EUROPA PRESS

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha alertado este martes de un "colapso" en materia de urbanismo, ya que, transcurridos 16 años desde la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), sólo 179 municipios, el 22,80% de los 786 de la comunidad autónoma, cuentan con planeamiento general adaptado plenamente a la ley urbanística.

   De igual modo, 232 no disponen de ningún instrumento de planeamiento general o lo tienen desactualizado, según ha informado la consejera en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha achacado esta situación "muy grave" en materia de planes urbanísticos a la "nefasta gestión" de los anteriores gobiernos socialistas.

   En este sentido también ha hecho hincapié el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), quien ha advertido de la "excesiva lentitud" y una "injustificada invasión" en competencias locales por parte del anterior gobierno socialista.

   Frente a esto ha hecho un llamamiento a los inversores teniendo en cuenta que "Andalucía es una gran oportunidad para invertir". Así, se ha mostrado convencido en que Andalucía es "una tierra fácil para invertir y no un problema como ha sido hasta ahora" y, en este sentido, ha recordado la bajada de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y de normas que contradicen a otras.

   "Vamos a poner todos los mecanismos para el que quiera pueda invertir en Andalucía", ha asegurado Bendodo, que ha señalado que la región está empezando a captar inversiones.

"SOLO 135 SUPERAN LA FASE DE APROBACIÓN PROVISIONAL"

   La consejera ha indicado además que, de los 607 municipios que no disponen de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la LOUA, actualmente tramitan un nuevo planeamiento 496 municipios, el 82% del total, si bien, de ellos, solo 135 han conseguido superar la fase de aprobación provisional.

   Según ha abundado la consejera, otros 361 instrumentos de planeamiento general no han alcanzado ni esa fase de aprobación provisional y están en tramitación: avance, aprobación inicial o pendientes de aprobación provisional, "enredados en el laberinto de las tramitaciones urbanísticas".

   También ha resaltado que de los 786 municipios andaluces, 51 todavía no tienen ninguna figura de planeamiento municipal propia. Son pequeños pueblos, con una media de 730 habitantes. 23 de ellos están en Granada, 22 son malagueños y seis, de Huelva.

   Además, ha subrayado que la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental ha sido la principal causa, "aunque no la única", del retraso de la tramitación los planes generales. Mientras que en el año 2009, entre la aprobación inicial y la definitiva, existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años.

   "Si contamos también los tiempos de tramitación de los avances, entonces el tiempo total de tramitación supera ampliamente los 10 años, lo que es inadmisible", ha añadido tras poner de ejemplo el municipio de Jimera de Líbar (Málaga), cuyo PGOU se ha aprobado este año tras 12 años de espera.

   Otro problema que atañe a la seguridad jurídica de los planes es que parte de esos instrumentos de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente no están vigentes por no haberse publicado su normativa completa, lo que afecta a 111 municipios de manera parcial o total.

   De ellos, hay 17 municipios (con 13 normas subsidiarias y cuatro PGOU) cuyo planeamiento aprobado carece de vigencia. Al respecto, la Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.

CAMBIAR EL RUMBO

   A partir de datos como estos, Carazo ha hablado de "colapso absoluto" frente al que ha apostado por "cambiar el rumbo", algo que, según ha defendido, ya ha hecho el "Gobierno del cambio" de PP-A y Ciudadanos (Cs), que ha imprimido un giro de "180 grados" para "simplificar y aclarar el procedimiento para la aprobación definitiva de normas urbanísticas", siendo "conscientes de la necesidad que tienen muchos inversores" de estos planeamientos para poner en marcha sus proyectos.

   Así, ha destacado que, en seis meses de ejercicio del actual Gobierno, y entre otras cuestiones, se han celebrado doce sesiones de Comisiones Territoriales, una al menos por provincia, y se han tratado 44 asuntos, entre los que destacan la aprobación definitiva de cuatro PGOU --Taberno (Almería), Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga)-- y el levantamiento de las suspensiones que operaban desde hace años en otros seis planes --Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar (Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla)--.

   "Diez municipios que pueden respirar aliviados porque el Gobierno del cambio les ha quitado la soga administrativa que tenían por culpa de la nefasta gestión anterior", ha aseverado la consejera.

SEIS INSTRUCCIONES

   Carazo ha detallado que, mientras se aprueba una nueva ley en esta materia, su departamento ha aprobado seis instrucciones con el objetivo de "aclarar, simplificar y reducir los plazos para la aprobación de los planes generales".

   Entre ellas, destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo significativamente los plazos (pasando de más de un año a unos cuatro meses).

   Preguntada sobre el posible crecimiento desordenado de los municipios que podría conllevar estas modificaciones, la consejera ha subrayado que esto "no significa que se puedan hacer cuestiones que no se pueden realizar" y ha instado a buscar "los desmanes urbanísticos en la normativa del gobierno anterior".

   "En materia de vivienda irregulares, es fruto de años de inoperancia. Ahora 15 años después hay que afrontarlo", ha subrayado Carazo.