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BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de la Ertzaintza ErNE ha impulsado una iniciativa legislativa para modificar el Código Penal con el objetivo de endurecer las penas por agresiones y delitos de odio contra los miembros de la Euskal Polizia, así como reforzar la protección jurídica de los agentes ante el "incremento de agresiones, ataques y faltas de respeto" en las "últimas semanas".
La organización sindical ha informado en un comunicado de que lleva semanas manteniendo "intensas rondas de reuniones" con los grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco para presentar una propuesta legislativa que busca ofrecer "mayor protección jurídica" a los agentes "reforzando al mismo tiempo el respeto a la autoridad y la convivencia democrática".
En concreto, la propuesta plantea modificar el Código Penal para endurecer las penas relacionadas con las agresiones y los delitos de odio dirigidos contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, incorpora medidas en el ámbito educativo encaminadas a fomentar el respeto a la autoridad, la convivencia y el reconocimiento de la labor que desempeñan los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad.
Por otra parte, ha asegurado que los encuentros mantenidos con los diferentes grupos parlamentarios están permitiendo trasladar una propuesta "rigurosa" y "plenamente fundamentada", que, según afirma, ha sido recibida de forma positiva y ha despertado interés entre las formaciones políticas por la necesidad de abordar esta problemática.
Asimismo, ha indicado que trabaja de forma coordinada con organizaciones policiales de ámbito estatal como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para impulsar esta modificación también en el Congreso de los Diputados.
ErNE ha explicado que su objetivo es lograr "alcanzar el mayor consenso posible para consolidar esta propuesta y convertirla en un cambio legislativo efectivo".
El sindicato ha defendido que la protección de los profesionales de la seguridad pública "no responde a un interés corporativo, sino a la defensa de un servicio esencial para toda la sociedad". "Proteger a quienes nos protegen es una obligación institucional y una garantía para el conjunto de la ciudadanía", ha señalado.