MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unión General de Trabajadores (UGT) en Extremadura ha insistido en la resolución de su cuarto Comité Regional Ordinario que se presenta "una legislatura complicada", por lo que ha pedido "un gran ejercicio de responsabilidad" a las formaciones políticas con representación en la Asamblea extremeña.
Además, UGT ha manifestado que "pese a existir una mayoría de votos de izquierda, parece anunciado un gobierno de derechas" y considera "un gran error el que la acción de gobierno esté al albur de decisiones erráticas de algunos grupos políticos" lo que supone "una rémora para salir de la crisis".
En este sentido, este sindicato ha pedido que "el eje central" del futuro gobierno de la Junta de Extremadura sea "necesariamente" el empleo y que apueste por el Pacto Social y Político de Reformas, ya que en su día también lo suscribió el Partido Popular, a la vez que se realicen esfuerzos para negociar un nuevo Plan de Empleo "en los meses venideros".
Por otra parte, en el Comité Regional de UGT también se han analizado las propuestas del movimiento 15-M, las cuales se han considerado "en su mayoría coincidentes con gran parte de los planteamientos históricos de UGT", según aparece recogido en la resolución, aprobada por unanimidad, en el cuarto Comité Regional Ordinario celebrado este jueves en Mérida.
REFORMA LABORAL
Asimismo, en el citado comité, UGT también ha criticado que las medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva inciden "en los aspectos más regresivos de la reforma laboral" y ha manifestado que la norma que contiene estas medidas se ha publicado "tras la voladura premeditada del diálogo social por parte de una patronal ventajista y rendida a los pies de la derecha más reaccionaria".
Todo ello, según UGT, porque en la reforma planteada por el Gobierno "mejora" el margen de actuación del empresario en materias como el tiempo de trabajo y la movilidad funcional y "no avanza" en la participación de los representantes de los trabajadores en estas decisiones de flexibilidad interna.
Por tanto, este sindicato ha apostillado que la reforma citada "constituye un desequilibrio más a favor del empresario en las relaciones laborales".
Además, UGT ha señalado que en Extremadura el mercado de trabajo "no sólo no se recupera, sino que alcanza niveles históricos de 125.000 desempleados", por lo que la reforma laboral "no sólo no está logrando sus teóricos objetivos de reducción de las elevadas tasas de temporalidad y de facilitar la creación de empleo, sino que ha conseguido empeorar las condiciones de trabajo"
Por ello, UGT, en su Comité Regional, ha apostado por "la necesidad" de la Iniciativa Legislativa Popular 'Por el empleo estable y con derechos' que se ha presentado en el Congreso de los Diputados con el fin "de revertir los aspectos más lesivos de la funesta reforma laboral".
REFORMA FINANCIERA
Por otra parte, UGT ha apostado por "una auténtica reforma financiera para garantizar, entre otras cosas, el acceso al crédito a familias, empresas y trabajadores autónomos". Por ello, el sindicato ha rechazado que "en lugar de esto, se apueste por la bancarización de las cajas de ahorro españolas".
Asimismo, la organización sindical ha señalado que estas políticas económicas "deben estar apoyadas en un sistema fiscal progresivo, porque sólo así el crecimiento económico irá de la mano de un Estado de Bienestar que garantice la cohesión social y el empleo de calidad".
"No hay que olvidar que un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis exige recuperar derechos laborales y defender el Estado Social, los sistemas salariales y la posición negociadora de los trabajadores", ha subrayado UGT en la resolución de su Comité Regional.
ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO
Finalmente, UGT ha destacado el Acuerdo Social y Económico (ASE) que se firmó el pasado 2 de febrero, para "reducir el impacto de las políticas planteadas por el Gobierno y de introducir mecanismos para la mejora de la situación económica".
Este acuerdo, según UGT, "logra reorientar las políticas de carácter social para proteger a los más afectados por la crisis económica y para garantizar el sistema público de pensiones frente a los intentos de privatización del mismo".
