Pretende este año dar uso agrario y ganadero a 10.000 hectáreas de terrenos que están improductivos y a 200.000 en una década
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Medio Rural ha decidido recurrir a la sanción, y no a la expropiación, para promover que los dueños de fincas agrarias útiles que las tienen abandonadas cedan temporalmente y bajo régimen arrendatario el uso de estos terrenos al Banco de Terras, con el que se busca acabar con un importante porcentaje de superficie productiva en el rural que no está siendo cultivada y dar respuesta a una "alta demanda" de terreno por parte explotaciones que necesitan crecer para ser rentables; al tiempo que facilita terreno para nuevas incorporaciones a la actividad agroganadera.
"Las tierras infrautilizadas tienen que tener un coste para las personas que las tienen improductivas", argumentó el titular de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, en rueda de prensa para dar a conocer el proyecto de Lei del Banco de Terras de Galicia, que se aprobará mañana en el Consello da Xunta y antes del verano en el Parlamento de Galicia.
La intención es que en otoño se pongan en productividad 10.000 hectáreas de terreno agroganadero útil que está abandonado en cuatro zonas de todas provincias gallegas, sobre todo, zonas del interior. Un porcentaje que se pretende ampliar a 200.000 hectáreas en toda Galicia durante la próxima década.
GRAVAMEN
Suárez Canal aclaró que este gravamen será fijado en la futura ley y tan sólo avanzó que será inferior a otros existentes. En concreto, precisó que se fijarán sanciones de diferentes cantidades en función de la "gravedad" de la situación, la extensión del terreno o como afecte a terrenos colindantes.
En todo caso, matizó que lo que se busca no es sancionar al propietario, sino que ante éste, ante este gravamen por tener incultivado un terreno productivo se decida a ceder su uso al Banco de Terras, ya que esta incorporación siempre será voluntaria, y no supondrá la pérdida de titularidad.
Al respecto, el director xeral de Estruturas, Xosé Carballido, aclaró que no se sancionará al propietario, si tras abrir expediente el decide a limpiar la finca, aunque no la cultive, ya que se actuará en en terrenos en grave situación de abandono con riesgo de incendios, contaminación o plagas. A modo de ejemplo, apuntó a aquellas fincas con un mato superior a medio metro de altura.
LOS DUEÑOS TIENEN GARANTIZADO EL COBRO
No obstante, la futura ley no recurrirá sólo a la amenaza de sanción para animar a los propietarios a ceder el uso de estos terrenos abandonados, sino a medida de "garantía" por parte de la Administración para "quitarles ciertos miedos" como a no percibir la renta del arrendamiento.
Así, Suárez Canal precisó que la Administración le garantiza al propietario este cobro, aunque el arrendatario deje de cumplir con el contrato. De igual modo, al terreno que ceda se le liquidarán los impuestos de transmisión patrimonial. Además, se les asegura la devolución en "buenas condiciones" del terreno, una vez retirado del programa del Banco de Terras.
SUBVENCION PARA PAGAR EL CESE DE USO
El conselleiro recordó que el objetivo del Banco de Terras es poner en circulación terreno agrario útil que está siendo infrautilizado y que puede servir a explotaciones agrarias para crecer y así obtener rentas dignas, al tiempo que facilitará el acceso a terreno a aquellas personas que pretendan incorporarse a la actividad agraria, sobre todo, mujeres y jóvenes, a los que Medio Rural subvencionará el primer año el 100% del alquiler de este arrendamiento.
Además, también Medio Rural fijará ayudas a los arrendatarios que hagan uso de estas fincas para los trabajos de limpieza o adecuación para su puesta en productividad.
PRECIOS JUSTOS
La futura ley establecerá una Comisión Técnica de Valores para articular "precios justos" y que estará formada por el catastro, municipios, cooperativas y sindicatos, que serán los que los fijen en el caso en el que no haya acuerdo entre propietario y arrendatario.
Suárez Canal defendió esta comisión para establecer mecanismos de "objetivación de precios" que impida que se produzcan precios "disparatados" que no faciliten el acceso a estas tierras.
Asimismo, admitió que la Administración también establecerá "algún mecanismo" para orientar el uso de que se le den a esta fincas del Banco de Terras. "Se le haría ver al arrendatarios que esa producción no es la adecuada", reconoció Suárez Canal.
