El Consell de Mallorca quiere fijar sanciones de hasta 30.000 euros en su ley para regular la entrada de vehículos

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

El borrador de la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca en el que está trabajando el Consell insular contempla sanciones de hasta 30.000 euros en caso de incumplimientos muy graves.

Lo han explicado este viernes en una rueda de prensa el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, después de reunirse con los portavoces de los diferentes grupos con representación en la institución para presentarles el documento.

El borrador contempla sanciones leves, de entre 300 y 1.000 euros; graves, de entre 1.000 y 10.000 euros; y muy graves, de entre 10.000 y 30.000 euros. También se podrán inmovilizar de forma temporal los vehículos que incumplan la normativa e imponer multas coercitivas que se podrán reiterar cada dos meses.

Rubio ha considerado que el régimen sancionador es "contundente" y va en la línea de las leyes similares que ya están en funcionamiento en Ibiza y Formentera.

Más allá de las multas, el Consell de Mallorca también pretende que los vehículos, durante el periodo en el que estén en vigor las regulaciones de entrada, deban pagar una tasa para acceder a la isla. Galmés, sin embargo, no ha aclarado la cifra y ha dicho que se fijará más adelante en base a estudios técnicos.

SOLO UN COCHE PARA LOS NO RESIDENTES CON CASA

Galmés y Rubio han recordado, como ya adelantó el presidente durante su intervención en el Debate de Política General celebrado hace unas semanas, algunos de los aspectos que pretende regular la normativa.

El borrador contempla la imposición de una tasa para los vehículos que no tributen en Baleares y que el pleno del Consell fije, con carácter anual o bianual, el techo de vehículos que puedan entrar a la isla.

Tendrán preferencia los que sean eléctricos y no contaminantes y quedarán exentos de la prohibición los vehículos de los residentes, los de personas con movilidad reducida, los de emergencia y de cuerpos de seguridad, los de transporte de mercancías y los de distribución comercial, entre otros.

Las navieras, han explicado, deberán informar a sus clientes de las restricciones en vigor en el momento del viaje y de las consecuencias de su incumplimiento, así como comprobar que todos los vehículos a motor que carguen en sus embarcaciones cuentan con permiso para acceder a la isla.

También deberán facilitar al Consell las matrículas de todos los coches que desembarquen en la isla. Las empresas de 'rent a car' deberán hacer lo mismo con todos los vehículos que entren y salgan de Mallorca.

Por otra parte, los no residentes que sean propietarios de una vivienda en Mallorca podrán circular con un vehículo por propietario siempre que esté domiciliado fiscalmente en aquel domicilio.

También se contempla la creación de una comisión de coordinación de políticas de movilidad, que estará integrada por el Consell, el Govern, todos los ayuntamientos de Mallorca y la Dirección General de Tráfico (DGT), y establece un plan de movilidad sostenible para reducir el impacto de las externalidades negativas de la presión viaria.

Entre otras cosas, las administraciones deberán garantizar que los servicios públicos de transporte están preparados para afrontar el previsible aumento de demanda que tendrán a raíz de las restricciones.

Por otra parte, la proposición de ley pretenderá otorgar a la institución insular la potestad de regular el acceso o el estacionamiento en determinados espacios públicos, naturales, patrimoniales o paisajístico en los que la acumulación de vehículos puedan poner en riesgo la protección y evacuación en situaciones de emergencias.

En sus disposiciones adicionales y transitorias, el borrador establece que, a los tres meses de la entrada en vigor de la ley, el Consell debe iniciar la tramitación de una ordenanza fiscal reguladora para detallar la manera en la que se cobrarán las tasas.

También habilita a la institución insular para decidir si la regulación de entrada de vehículos y la aplicación del régimen sancionador recae sobre un ente público instrumental de nueva creación o si, por lo contrario, la asume algún organismo ya existente.

Borrador de la ley de regulación de afluencia de vehículos en Mallorca by Luis Lozano

PROTEGER LA IMAGEN COMO DESTINO TURÍSTICO

El presidente insular, al inicio de su exposición, ha considerado que las retenciones en las carreteras es uno de los principales problemas que sufren los mallorquines a diario, ante el que su equipo de gobierno "no quiere ponerse de perfil" y pretende afrontarlo "con valentía y determinación".

"Es innegable que la sobrecarga de las carreteras nos afecta en el día a día", ha reconocido Galmés, quien ha recordado que el estudio de carga viaria realizado hace unos meses calculó que en 2023 entraron a Mallorca 400.000 vehículos a motor, el doble que en 2017.

"El crecimiento disparado inevitablemente ha tenido una repercusión negativa, porque Mallorca es un territorio finito y limitado y lo tenemos que preservar", ha sostenido. Con la regulación de entrada de coches, ha defendido, no solo se mejorará la calidad de vida de los mallorquines sino que también se contribuirá a preservar el entorno y "proteger nuestra imagen como destino turístico".

LAS POSTURAS DE LOS GRUPOS

En el encuentro de este viernes han participado los portavoces Núria Riera (PP), Catalina Cladera (PSIB), Toni Gili (Vox), Jaume Alzamora (MÉS per Mallorca) y Antoni Salas (El PI).

Galmés ha confiado en que la ley pueda salir adelante con una amplio consenso político y social para que pueda mantenerse a lo largo de los años. No obstante, se ha encontrado con la negativa inicial de sus socios de gobierno, Vox, y las dudas de la oposición, que reclama introducir otros aspectos para brindarle su apoyo.

El presidente insular, preguntado al respecto, ha considerado que la ciudadanía no entendería que un partido político votara en contra de la normativa. "Tendrá un grave problema para poder explicarlo a la ciudadanía", ha dicho.

Todos los portavoces, ha asegurado, "se han mostrado abiertos a poder dialogar" y ha recordado que el PSIB y MÉS per Mallorca votaron a favor de la misma ley para Ibiza, por lo que ha deseado que hagan lo mismo con la de Mallorca.

LA TRAMITACIÓN

La proposición de ley, a la que todavía se le pueden introducir modificaciones, primero deberá pasar por la Comisión insular de Movilidad para después llegar por primera vez al pleno, donde deberá ser aprobada de forma inicial.

Tras este primer trámite se abrirá un periodo de exposición pública de un mes en el que se podrán presentar alegaciones y, posteriormente, deberá someterse a una aprobación definitiva para la que será necesaria una mayoría absoluta. De llegar hasta este punto, el texto sería remitido al Parlament, donde continuaría su tramitación ordinaria como una proposición de ley.

Si la Cámara autonómica diera su visto bueno, el texto volvería al pleno del Consell de Mallorca, que en un plazo de dos años deberá desarrollar uno a uno los aspectos en los que la nueva legislación le otorgue competencias y fijar, por ejemplo, el techo de coches, la cuantía que deberán pagar por entrar en la isla o el periodo de aplicación de las restricciones.

Galmés, preguntado por los tiempos previstos, ha deseado que antes del próximo agosto se pueda someter el texto a su aprobación inicial en el pleno insular e iniciar así el periodo de alegaciones, en el que podrán participar tanto los partidos políticos como la sociedad civil.

Previsiblemente, ha calculado, la aprobación definitiva podría producirse dentro del último trimestre del año. Para su votación en el Parlament no ha querido hacer una estimación concreta, pero ha asegurado que si puede entrar en vigor en febrero, por ejemplo, no esperarán a junio.