PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unos 150 tractores --una veintena en Palma convocados por Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) y unos 130 en Ariany que han respondido a la llamada de UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-- han salido a la carretera contra los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial UE-Mercosur.
Rechazan, en primer lugar, el acuerdo con Mercosur y reclaman que todos los productos que entren en el archipiélago tengan las mismas condiciones que las que tiene la producción local y que la agricultura no sea moneda de cambio en la Unión Europea.
El sector se opone igualmente a la nueva Política Agraria Común (PAC) y pide que todos los agricultores puedan acceder a las ayudas, al tiempo que han recordado que el 20 por ciento de los payeses profesionales no pueden cobrar la PAC.

La protesta de Palma ha partido alrededor de las 11.15 horas desde Son Fusteret y se ha dirigido a Mercapalma --con parada frente a las instalaciones de Agama-- donde todo el producto que se vende es local, precisamente para visibilizar que la manera que tiene el sector primario de oponerse al acuerdo con Mercosur es defendiendo el producto de proximidad.
"No vamos a criticar Mercapalma, sino a poner en valor que es el único mercado de producto local de Baleares", ha explicado el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines.

En relación al acuerdo con Mercorur, Ordines ha expresado su precupación por lo que ha considerado la contradicción de que en países como Brasil se empleen hasta un 80 por ciento de productos fitosanitarios prohibidos en Europa. "No entendemos cómo entrarán estos productos aquí con las normativas europeas que nos exigen a nosotros", ha señalado.
El representante de la Unió de Pagesos ha puesto como ejemplo el caso de la xilella en Mallorca, que impide sacar productos vegetales a la península para evitar infecciones.
El presidente de la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema), Miquel Coll, por su parte, ha recordado que el sector primario gestiona el 80 por ciento del territorio y ha rechazado que otros sectores se lleven el rédito del trabajo de los agricultores. "Creemos que si no queremos que el sector primario se muera, si no lo cogemos como una cosa de toda la sociedad, no lo sacaremos", ha afirmado.
Coll, por otra parte, ha rechazado los acuerdos con Mercosur, que sólo favorecen a las grandes explotaciones en contra del pequeño y el mediano agricultor, que lo tendrá más difícil para competir.

TRACTORADA EN ARIANY
De manera simultánea a la convocatoria que ha tenido lugar en Palma, otros agricultores y ganaderos han participado en una protesta similar en Ariany, en este caso convocada por UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja.
El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha sumado a la protesta de Ariany y ha destacado la unidad del sector primario en sus reivindicaciones.
Simonet se ha mostrado preocupado por los recortes de la PAC y cómo se concretarán a nivel local y ha reivindicado la doble vía de trabajo de oponerse en Bruselas a los recortes y de, al mismo tiempo, instar al Ministerio a que en el momento de la llegada de los recursos se reconozcan los sobrecostes de la insularidad.
En relación al acuerdo UE-Mercosur, el responsable de Agricultura, ha advertido que aunque se trate de un gran acuerdo que puede ser positivo para Europa, el sector primario podría estar siendo moneda de cambio. Así, ha instado a que si finalmente se aplica este acuerdo, se haga salvaguardando al sector primario.
PRINCIPALES REIVINDICACIONES
El sector primario ha alertado de que la nueva PAC deja de ser una política realmente común, abre la puerta a la competencia desleal entre estados miembros y prevé recortes importantes del presupuesto agrario europeo, lo que pose en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.
Otro de los puntos centrales de las reclamaciones es el rechazo al acuerdo UE-Mercosur, que permite la entrada de productos agroalimentarios producidos con normas sanitarias, ambientales y laborales inferiores a las exigidas en la Unión Europea. Para el sector, los controles fronterizos son claramente insuficientes y se generará una competencia desleal.
Los agricultores y ganaderos han hecho hincapié en la pérdida de rentabilidad del sector, marcada por el aumento continuado de los costes de producción, la burocracia creciente y los sobrecostes derivados de la insularidad, como el transporte o el encarecimiento de los insumos.