BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha enviado la primera notificación formal para reclamar a Polonia el pago de una multa de 69 millones de euros por el incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le obliga a retirar el régimen disciplinario que impone a los jueces y que la Justicia europea ve como un riesgo para la independencia judicial.
La comunicación remitida por el Ejecutivo comunitario da un plazo de 45 días para efectuar el pago de la sanción y se suma a otras notificaciones que los servicios comunitarios han enviado a Varsovia para reclamar otra multa por ignorar otra sentencia del TUE que le exige cerrar una mina en la frontera con República Checa.
Si el Gobierno ultraconservador polaco persiste en el incumplimiento y mantiene la negativa de pagar las multas que la Justicia europea le ha impuesto por ello, las reglas de la Unión Europea permitirán a la Comisión retener fondos comunitarios previstos para Polonia
Aunque esta medida está prevista en las normas comunes, sería una acción inédita porque nunca antes un Estado miembro se había negado a pagar las multas impuestas por el Tribunal con sede en Luxemburgo.
Bruselas ha intentado primero el diálogo con Varsovia, pero los contactos con el Gobierno polaco no han resuelto la situación y Bruselas considera "insuficientes" las medidas tomadas por este país para cumplir lo dictado por el Tribunal europeo, según ha explicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.
La primera notificación para reclamar el pago de la multa corresponde al periodo 3 de noviembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, lo que según fuentes comunitarias consultadas por Europa Press sitúan la cantidad reclamada en 69 millones de euros.
El Tribunal de Justicia de la UE estableció a finales del pasado octubre una multa de un millón de euros diarios contra Varsovia hasta que se cumpliera la sentencia que obliga a retirar el régimen disciplinario que impone el Tribunal Supremo polaco y, entre otras cuestiones, permite actuar contra los magistrados que aplican el Derecho comunitario o acuden a la Justicia europea para aclarar cuestiones de derecho.
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