Bruselas prorrogará dos años varios regímenes de ayudas de Estado que no deben notificarse y evaluará otros también

Publicado 07/01/2019 21:37:07CET

BRUSELAS, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha avanzado este lunes su intención de prorrogar dos años más varios regímenes de ayudas públicas que no deben notificarse a Bruselas que expiran a priori a finales de 2020 y en paralelo ha lanzado una evaluación este lunes de un conjunto más amplio de directrices sobre ayudas públicas.

En concreto, el Ejecutivo comunitario prorrogará dos años las normas sobre la exención en bloque que permite que determinadas categorías de ayudas públicas no tengan que notificarse a Bruselas siempre que sean inferiores a determinados límites, incluidas las ayudas con finalidad regional, ayudas de funcionamiento y al acceso de financiación de pequeñas y medianas empresas, para la protección del medioambiente, ayudas a la investigación, desarrollo e innovación, así como a la formación y contratación de trabajadores desfavorecidos, ayudas al transporte en regiones alejadas, ayudas a aeropuertos regionales y puertos, entre otros.

También plantea prorrogar las normas sobre las ayudas públicas 'de minimis', limitadas a un máximo de 200.000 euros que puede recibir una empresa como ayuda del Estado a lo largo de tres años.
Las cuatro directrices sobre las ayudas públicas regionales, para promover la inversión financiera en sectores con riesgo, la protección ambiental y energía y para el rescate y reestructuración de firmas también se prorrogarán dos años, así como la comunicación sobre los proyectos de interés europeo.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha avanzado el lanzamiento este mismo lunes de una evaluación de estas normas sobre ayudas públicas para evaluar la necesidad de prorrogarlas o de cara a su posible actualización futura.

Pero también incluirá en su evaluación el marco comunitario para las ayudas públicas a la investigación, desarrollo e innovación, los proyectos de interés europeo, las directrices sobre ayudas a aeropuertos y aerolíneas, así como al sector ferroviario y las directrices sobre ayudas para inversiones de riesgo y los créditos a la exportación a corto plazo, entre otros.

Bruselas lanzó en mayo de 2012 una reforma de la normativa sobre ayudas públicas para permitir a los Estados miembro promover la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo y centrarse únicamente en los casos de ayudas públicas que podrían distorsionar la competencia.

Más del 97% de todas las medidas de ayudas públicas las autorizan en la actualidad los Estados miembro sin necesidad de obtener de antemano el visto bueno del Ejecutivo comunitario.

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