1 de junio de 2020
 
Actualizado 19/05/2020 10:15:24 +00:00 CET

Burundi acude a las urnas para elegir al sucesor de Nkurunziza en medio de la violencia y el coronavirus

Una persona vota durante las elecciones parlamentarias de 2015 en Burundi
Una persona vota durante las elecciones parlamentarias de 2015 en Burundi - 2015 GETTY IMAGES / SPENCER PLATT - Archivo  

La votación tendrá lugar tras un repunte de la violencia y sin observadores internacionales

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Burundi celebrará este miércoles unas elecciones presidenciales, parlamentarias y locales que supondrán el fin del mandato de Pierre Nkurunziza tras una campaña marcada por la tensión y la violencia y ante el temor que supone celebrar los comicios en medio de la pandemia de coronavirus.

El país dio el 27 de abril el pistoletazo de salida a la campaña electoral, con un total de siete candidatos a la Presidencia, entre los que destacan el 'delfín' de Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye, y el líder del opositor Congreso Nacional para la Libertad (CNL), Agathon Rwasa.

Desde entonces, y en un clima de represión que existe en el país africano desde la crisis política de 2015, el Gobierno y la oposición han mantenido un cruce de acusaciones en torno a los enfrentamientos, asesinatos, detenciones y desapariciones de seguidores de estos partidos, principalmente del CNL.

Así, el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, Pierre Nkurikiye, apuntó la semana pasada a seguidores del CNL como responsables de ataques y recalcó que "el caos de 2015 no se repetirá", mientras que el partido opositor ha denunciado agresiones, ejecuciones y arrestos.

Nkurikiye hizo así referencia a la grave crisis desencadenada ese año por la decisión de Nkurunziza de volver a presentarse a la Presidencia, pese a las denuncias de la oposición, que afirmaba que ello violaba los términos del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).

El mandatario logró la reelección, no sin antes superar un intento de golpe de Estado y en medio de una oleada de violencia que tuvo su epicentro en la antigua capital, Buyumbura, y que se saldó con la muerte de al menos 450 personas.

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Pese a que la crisis continuó en un nivel más bajo, sufrió un nuevo repunte a causa del referéndum constitucional de 2018, que amplió de cinco a siete los años de mandato presidencial, reintrodujo el cargo de primer ministro, eliminó una Vicepresidencia y redujo la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar nuevas leyes, lo que podría llevar a una mayor marginación de la minoría tutsi.

AUMENTO DE LA VIOLENCIA

En esta ocasión, los principales incidentes han estado protagonizados por las alas juveniles de los partidos de Ndayishimiye y Rwasa --los Imbonerakure y los Inyankamugayo, respectivamente--, si bien el CNL ha denunciado que las fuerzas de seguridad han estado implicadas en diversos incidentes.

La comisión de investigación de la ONU para Burundi expresó el 14 de mayo su "alarma" por el "incremento de la intolerancia política" y los "numerosos actos de violencia y las violaciones de los Derechos Humanos" durante la campaña.

En su comunicado, resaltó que los enfrentamientos entre seguidores de los dos principales partidos "están en aumento", así como "el discurso de odio y la incitación a la violencia contra los opositores políticos, principalmente desde el (gubernamental Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia) CNDD-FDD".

La comisión afirmó que "los cercanos al partido gubernamental siguen contando con una impunidad prácticamente total por sus abusos, incluidos los responsables de actos violentos" y apuntó igualmente a la "falta de independencia e imparcialidad" de la comisión electoral, especialmente ante las denuncias sobre irregularidades en la distribución de las cartillas de votación y la ausencia de un censo, así como al "uso del sistema judicial como una herramienta contra los opositores".

En esta línea se expresó la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro para Burundi, la Liga Burundesa de Derechos Humanos (ITEKA), que alertaron de los riesgos de "explosión sanitaria y violencia" de cara a los comicios.

"El régimen burundés, aislado en la escena internacional, ha querido celebrar las elecciones cueste lo que cueste en plena crisis de COVID-19, con el riesgo de que la pandemia explote a nivel regional y que el país se vea arrastrado a escenarios mortales cuando sean conocidos los resultados, debido a que la campaña ha estado marcada por la violencia y las propuestas incendiarias", dijo el presidente de ITEKA, Anschaire Nikoyaguize.

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ITEKA documentó entre el 27 de abril y el 10 de mayo la muerte de doce personas, actos de tortura contra seis personas, un caso de violencia sexual, el secuestro de cuatro personas aún en paradero desconocido y el arresto arbitrario de más de 90 personas.

UNA "MISIÓN DIVINA"

El candidato gubernamental cerró su campaña el sábado en un acto en Kameng en el que uno de los principales actores fue Nkurunziza, quien destacó que estos comicios son "diferentes" a los anteriores y advirtió contra cualquier intento de fraude electoral.

"Que nadie intenta alterarlas", dijo, antes de destacar que el país "cuenta con una autonomía financiera cercana al 90 por ciento" y que por ello "no hay que dar explicaciones".

Por su parte, Ndayishimiye afirmó que será "un humilde servidor" una vez sea elegido y alertó contra los que "intentan esconderse detrás de la política para asesinar o discriminar a otros". "Ningún Gobierno podrá cerrar los ojos ante los criminales que socavan nuestros esfuerzos", señaló.

Así, cargó contra "los que cometen delitos para crear desorden y sembrar cizaña entre los hermanos bajo el pretexto de que es periodo electoral", días después de afirmar que el CNDD-FDD tiene "la misión divina" de "alejar a los burundeses del precipicio".

RWASA PROMETE REFORMAS

Por su parte, Rwasa --líder de la milicia hutu Fuerzas de Liberación Nacional (NLF) durante la guerra civil-- ha denunciado una campaña de represión y ha prometido reformas, así como el fin de la discriminación en el país.

"Si ganamos las elecciones, todos los burundeses tendrán acceso al empleo", ha prometido, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la educación con "clases con un máximo de 50 alumnos", según el diario 'Iwacu'.

Asimismo, ha apostado por mejorar el sector sanitario y "reorganizar los salarios para que los funcionarios tengan una vida decente", así como lograr una Justicia "reconciliatoria e incorruptible", fomentar la agricultura e impulsar el sector energético.

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"La victoria no se logra fácilmente. Planean robar las elecciones", ha alertado el líder opositor, en referencia a las autoridades. "Esta vez, no les será fácil", ha destacado, al tiempo que ha pedido a la población que esté atenta durante el recuento ante posibles irregularidades.

La votación tendrá lugar además en ausencia de observadores de los principales organismos regionales e internacionales, incluidos los de la ONU, la Comunidad Africana Oriental (EAC) y organizaciones civiles, a raíz de las críticas a las elecciones de 2015.

EXPULSIÓN DEL EQUIPO DE LA OMS

La votación se celebrará en el marco de la pandemia, que ha dejado hasta la fecha un total de 27 casos y un fallecido, si bien médicos de Burundi alertaron a mediados de abril de la posibilidad de contagios "ocultos y descontrolados" que podrían haber sido ocultados.

En este sentido, ha hecho saltar las alarmas que el Gobierno expulsara el 14 de mayo del país al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otros tres integrantes de la misma, sin ofrecer ningún motivo para justificar su decisión.

El gesto fue criticado por la OMS y por la comisión de investigación de la ONU, que apuntó además que el Gobierno no estaba aplicando las recomendaciones "sobre distanciamiento social" durante los actos de campaña.

La pandemia y un posible impacto a mayor escala del informado hasta la fecha podría convertirse en un nuevo frente en una crisis con ya muchas facetas en el país africano, en medio del temor de la población sobre un posible escenario similar al de 2015 tras la votación.

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