BOGOTÁ, 9 Ago. (Reuters/EP) -
El Gobierno colombiano ha extendido su programa de restitución de tierras a "los municipios más golpeados por la violencia", gracias al histórico acuerdo para una tregua bilateral con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Entre 6,5 millones y 10 millones de hectáreas --hasta un 15 por ciento del territorio colombiano-- han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente a través de la violencia ejercida por las guerrillas, los paramilitares y las propias fuerzas de seguridad.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue aprobada en 2011, pero ahora el alto el fuego bilateral suscrito el pasado 23 de junio permitirá a las autoridades colombianas a acceder a territorios controlados por las FARC.
"Hoy anunciamos el ingreso a los municipios más golpeados por la violencia", ha dicho Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, al tiempo que ha admitido que adentrarse en "el corazón del despojo de las FARC" será "un enorme desafío".
Sabogal ha detallado que el programa de restitución de tierras abarcará seis provincias del sur de Colombia, incluyendo ex bastiones de la guerrilla y extensas zonas selváticas a las que no se podía acceder por el alto riesgo.
Aunque se trata de un gran paso en la lucha por los derechos de las víctimas del conflicto colombiano, la ley de restitución de tierras no ha surtido ni mucho menos los efectos deseados debido a la magnitud del problema y los escasos recursos asignados.
Ya se han devuelto unas 200.000 hectáreas a sus legítimos propietarios, pero, de las 80.000 reclamaciones de tierras presentadas hasta la fecha, menos de la mitad han sido tramitados por problemas burocráticos.
Gobierno y FARC se encuentran en la recta final del proceso de paz tras casi cuatro años de diálogo en La Habana los que han conseguido llegar a acuerdos sobre desarrollo agrario y rural, participación política, drogas y víctimas.
Aún quedan por cerrar los acuerdos relativos al fin del conflicto --aunque han alcanzado un pacto sobre el cese de las hostilidades y el desarme-- y a la ratificación, implementación y verificación de lo pactado.
