El CPJ pide a Burkina Faso que no promulgue la ley que limitaría las informaciones sobre terrorismo y seguridad

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha pedido este miércoles a las autoridades de Burkina Faso que impidan la entrada en vigor de un proyecto de ley que impondría penas de cárcel para los periodistas que informen sobre terrorismo u operaciones de seguridad.

El Parlamento burkinés aprobó el 21 de junio una revisión del Código Penal que criminaliza el uso de cualquier vía de comunicación para difundir información sobre ataques terroristas y operaciones de seguridad, al tiempo que criminaliza "desmoralizar" a las fuerzas de seguridad "a través de cualquier medio".

Asimismo, prohíbe publicar o compartir información "falsa" que pueda dañar a personas o propiedad y autoriza a fiscales o "cualquier persona que tenga interés" a pedir a un juez que se retire la información de cualquier publicación o página web.

Estas acciones serían punibles con penas de entre cinco años de cárcel y una multa de hasta diez millones de francos CFA de África Central (alrededor de 15.250 euros).

La Asociación de Periodistas de Burkina Faso ha resaltado que el presidente del país, Roch Marc Christian Kaboré, tiene autoridad para evitar que las leyes sean promulgadas a través de su publicación en la gaceta oficial, mientras que el Consejo Constitucional puede bloquear la revisión legal.

En este sentido, la coordinadora de programas del CPJ para África, Angela Quintal, ha indicado que Kaboré y el Consejo Constitucional "deben rechazar los cambios al Códico Penal" y "actuar para eliminar todas las amenazas de cárcel por delitos relacionados con la prensa".

"Bajo ninguna circunstancia deben los periodistas hacer frente a penas de cárcel o duros castigos económicos por su trabajo", ha argumentado, según un comunicado publicado por el organismo en su página web.

Burkina Faso ha venido registrando en los últimos meses una creciente actividad de grupos yihadistas. En el país operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas AQMI y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

Según el 'think-tank' Africa Center for Strategic Studies (ACSS), el número de ataques obra de estos grupos pasó de tan solo tres en 2015, a doce en 2016, 29 en 2017 y 137 en 2018.

Además, también se ha intensificado la violencia intercomunitaria, que enfrenta principalmente a pastores con agricultores y que ha provocado el desplazamiento de miles de personas.