HRW alerta de abusos como desaparición forzada y tortura para los presos de Estado Islámico trasladados a Irak

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch ha denunciado este martes el riesgo de desaparición forzada, juicios injustos, tortura, malos tratos y violaciones del derecho a la vida que corren los detenidos por presunta pertenencia a Estado Islámico trasladados desde el noreste de Siria a Irak, como es el caso de los 5.700 individuos llevados por Estados Unidos.

"Independientemente de su afiliación o presuntas acciones, estos detenidos han permanecido recluidos durante años sin el debido proceso y ahora se encuentran recluidos en otro país sin las debidas garantías", ha declarado la investigadora sobre Irak de Human Rights Watch Sarah Sanbar, que ha reclamado que "las víctimas de los crímenes de Estado Islámico merecen justicia genuina, y eso requiere juicios justos para los acusados".

En esta línea, la organización ha alegado que, "dado el considerable riesgo de tortura en Irak, estos traslados parecen violar el principio de no devolución del Derecho Internacional: no devolver a nadie a un país donde podría sufrir abusos". "En vista de las bien documentadas violaciones del debido proceso en Irak en los procedimientos antiterroristas, el papel de Estados Unidos en la detención de estas personas y la realización de estos traslados transfronterizos podría hacerlo cómplice de los abusos resultantes", ha afirmado HRW.

Al hilo, el excoordinador adjunto de antiterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos Ian Moss ha declarado a la organización que la operación del país norteamericano en Irak "no es un esfuerzo meditado para lograr justicia y rendición de cuentas, respetando los derechos y las normas", sino "un intento oportunista de desentenderse de la situación".

"La última vez que Irak llevó a cabo juicios por terrorismo a tan gran escala fue en 2018-2019", ha señalado HRW, advirtiendo de que, entonces, "las autoridades arrestaron a decenas de miles de hombres para juicios que violaron gravemente sus derechos", y donde "muchos fueron condenados a muerte tras un juicio de diez minutos, sin la presencia de un abogado y basándose únicamente en el testimonio de un informante anónimo o en una confesión obtenida bajo tortura".

De este modo, la ONG ha insistido en los "problemas sistémicos" del poder judicial iraquí, "en particular en los juicios antiterroristas", donde, además, "recurre ampliamente al uso de la pena de muerte". La organización ha estimado en 8.000 los presos actualmente en el corredor de la muerte, aludiendo de igual manera a la ejecución de seis personas el pasado martes, "su primera ejecución masiva desde que se suspendió la aplicación de la pena de muerte tras la aprobación de una Ley de Amnistía General en enero de 2025".

Por ello, Human Rights Watch ha alertado de que "sin garantías creíbles ni reformas demostradas (...) Irak corre el riesgo de repetir las mismas violaciones de derechos", y ha argumentado que "debería promulgar una legislación nacional integral que penalice el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra", para así "impartir justicia que refleje la gravedad y la naturaleza sistemática de los crímenes cometidos" por el grupo yihadista.

"Irak se enfrenta a un problema que la comunidad internacional debería haber resuelto hace años", ha lamentado Sanbar, insistiendo en que "el Gobierno debe dejar de postergar los hechos, asumir la responsabilidad por sus ciudadanos y brindarles a las víctimas de Estado Islámico justicia genuina mediante juicios justos".