Un informe del Gobierno nepalí recomienda juzgar al ex primer ministro Sharma Oli por los muertos en las marchas de 2025

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la comisión creada por el Gobierno de Nepal para investigar las violentas protestas que tuvieron lugar en septiembre de 2025 y que llevaron a la caída del Ejecutivo recomienda juzgar al ex primer ministro Sharma Oli, así como a varios ex altos cargos, por las muertes de casi 80 personas durante las manifestaciones.

El documento, que se ha filtrado a la prensa, apuesta por abrir diligencias contra el exmandatario por su presunta relación con los decesos registrados durante las revueltas impulsadas por jóvenes y estudiantes que salieron a las calles tras la aprobación de una ley que prohibía el acceso a las principales redes sociales.

El texto señala que el entonces ministro del Interior Gokarna Mani Dawadi, así como el jefe de la Policía, Raju Aryal, el exjefe del Departamento de Investigación Nacional, Hutaraj Thapa, entre otros, también deberían ser juzgados, según lo establecido en el Código Penal, tal y como recoge el diario nepalí 'The Kathmandu Post'.

Oli, que fue primer ministro en cuatro ocasiones, fue derrotado en las últimas elecciones frente a Palendra Shah, un rapero y político del Partido Rastriya Sawatantra, que obtuvo una aplastante victoria tras prometer la salida del poder de la "élite tradicional" y la lucha contra la corrupción.

Precisamente los resultados de este informe han sido publicados por varios medios de comunicación del país poco antes de que tenga lugar la toma de posesión de los nuevos diputados del Parlamento en una ceremonia prevista para este mismo jueves. Shah, que fue alcalde de Katmandú, la capital, pasará a ocupar el cargo de Sushila Karki, que se encontraba al frente del Gobierno de forma interina desde la salida de Oli.

Este documento --cuya redacción ha sido impulsada por el Gobierno interino-- señala que el Ejército de Nepal contaba con información previa que apuntaba a que las protestas del 8 de septiembre podrían volverse violentas.

El propio Oli, que fue convocado para comparecer sobre lo sucedido, afirmó que en calidad de presidente del Consejo de Seguridad Nacional durante las protestas, "tenía la autoridad para convocar una reunión y emitir directivas". "Sin embargo, la prioridad del Gobierno era garantizar un uso mínimo de la fuerza y evitar bajas", aseguró.

En este sentido, señaló, además, que los ataques contra las dependencias de las "tres ramas del Gobierno" durante las marchas "fueron actos premeditados". Tras su dimisión durante el segundo día de protestas, los incidentes tuvieron como objetivo edificios gubernamentales, además de la sede del Tribunal Supremo y el Parlamento.

En total se estima que 77 personas perdieron la vida durante las manifestaciones, si bien el Gobierno sitúa en millones las pérdidas provocadas a la propiedad privada y estatal.