MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno italiano ha aprobado este jueves una leve ampliación en el uso del denominado 'green pass', de tal forma que también el personal no docente de centros educativos y el conjunto de los trabajadores de residencias de mayores estén obligados a presentar un documento que acredite que han recibido la vacuna contra la COVID-19 o han dado negativo en una prueba reciente.
Este 'pasaporte COVID' ha generado división en el seno del Gobierno que encabeza Mario Draghi, así como protestas en la calle, después de que a principios de agosto se estableciese su obligatoriedad para acudir a restaurantes, entrar a museos o viajar por aire o tren.
La medida se extendió a los profesores, por lo que técnicamente quienes no estuviesen vacunados no podían comenzar a ejercer en este nuevo curso académico, y el Consejo de Ministros ha avalado este jueves que la medida se extienda también a personal de apoyo.
También se aplicará sin excepciones a todos los empleados de las residencias de mayores, según esta nueva reforma, que insiste en que quien incumpla la norma quedará suspendido de empleo y sueldo.
La ultraderecha ha encabezado las críticas contra este tipo de medidas, aunque fuentes consultadas por la agencia Adnkronos han asegurado que los ministros de la Liga de Matteo Salvini no se han posicionado en la reunión del gabinete de este jueves.
Draghi, por su parte, ha defendido la necesidad de adoptar este tipo de enfoques para contener el virus, e incluso llegó a plantear la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación para terminar de doblegar la pandemia de COVID-19. El Ejecutivo espera adoptar una decisión sobre este asunto este mismo mes.
