NAIROBI, 29 Abr. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Sudán del Sur ha firmado un contrato de dos años con el grupo de presión con sede en California Gainful Solutions por un valor de 3,7 millones de dólares (unos 3,3 millones de euros) para evitar la creación de un tribunal híbrido para juzgar presuntos crímenes de guerra.
El acuerdo con Gainful Solutions fue firmado el 2 de abril y ha sido publicado en la web del Departamento de Justicia estadounidense. Incluye conceptos como la apertura de un canal de comunicación entre el presidente sursudanés, Salva Kiir y el presidente estadounidense, Donald Trump o "persuadir a la Administración Trump de que retire las sanciones actualmente en vigor y de que bloquee cualquier otra nueva sanción".
Además, Gainful se compromete a proporcionar servicios de consultoría para "retrasar y finalmente bloquear la creación de un tribunal híbrido". El contrato ha sido publicado gracias a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros que obliga a los grupos de presión que trabajen para entidades extranjeras a registrar las condiciones que regulan su relación.
Sudán del Sur se escindió de Sudán en 2011, antes de caer en una guerra civil con tintes étnicos alimentada por la rivalidad entre Kiir y su rival político, y antiguo 'número dos', Riek Machar. El acuerdo de paz alcanzado en septiembre 2018 incluye la creación de un "tribunal híbrido" formado por jueces sursudaneses y de otros países africanos para juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto, en el que murieron cientos de miles de personas y sumió el país en la hambruna.
Agencias de la ONU han acusado a las tropas de ambos bandos de graves atrocidades, pero tanto los seguidores de Kiir como los de Machar lo niegan. "El tribunal híbrido juzgaría a los responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves", ha subrayado la subdirectora de Amnistía Internacional para el Este de África, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, Sarah Jackson.
"Su creación es esencial para que Sudán del Sur tenga una paz sostenible. Es una desgracia inaceptable que el Gobierno intente pagar millones para evitar que se haga justicia", ha remachado.
También Human Rights Watch ha denunciado la "flagrante obstrucción" a la justicia que supone este acuerdo. "Es un bofetón en la cara de las víctimas de los terribles crímenes perpetrados en Sudán de Sur", ha apuntado la subdirectora de HRW, Elise Keppler.
Durante la guerra Washington impuso sanciones a personalidades militares y políticas sursudanesas y aprobó un embargo de armas para parar la entrada de armamento en el país y presionar así a ambas partes para que negociaran.
El resultado fue una sucesión de acuerdos de alto el fuego fallidos que permitieron lograr en septiembre un acuerdo definitivo para la formación de un gobierno de unidad para el 12 de mayo. Machar ha reconocido que no cumplirán este plazo.
