TÚNEZ, 13 Sep. (Reuters/EP) -
El Parlamento de Túnez ha empezado a debatir este miércoles un proyecto de ley, denominado 'Reconciliación Económica', que otorgaría el beneficio de la amnistía a responsables políticos que fueron acusados de corrupción durante el mandato de Zine el Abidine Ben Alí, lo que ha suscitado enérgicas protestas por parte de la oposición y de activistas.
Los legisladores de la oposición han cantado el himno nacional y han gritado consignas antes de que la sesión parlamentaria fuese temporalmente suspendida. Fuera del edificio, decenas de manifestantes han protestado, coreando que "esta ley no se aprobará" y que se trata de "corrupción encubierta".
El proyecto de ley fue propuesto por el expresidente de Túnez Beji Caid Essebsi y fue enviada al Parlamento en 2015. Sin embargo, el debate al respecto fue postergado tras las críticas que recibió la propuesta original de que pretendía beneficiar a las élites privadas relacionadas con el Gobierno, dado que incluía también la amnistía a empresarios.
Las tensiones han aumentado durante la sesión parlamentaria entre la coalición gobernante y los legisladores de la oposición, que han manifestado que el Tribunal Supremo todavía no ha respondido a la consulta del Parlamento sobre la legalidad de la reforma.
Los críticos a la norma han señalado que se trata de un paso atrás respecto al espíritu de la revolución de Túnez de 2011, que desbancó a Ben Ali y le obligó a huir del país tras semanas de protestas contra la corrupción y la desigualdad. "Esta ley se trata de una contrarrevolución", ha manifestado un miembro de la oposición, Ammar Amroussia.
Sin embargo, las autoridades del Gobierno han expuesto que la ley ayuda a pasar página con respecto al pasado, mejorando el clima para la investidura y dando confianza a la administración y a sus altos cargos.
"Ha llegado el momento de detener el aislamiento de esos funcionarios que podrían contribuir a la construcción de un nuevo país", ha afirmado un miembro de la formación gubernamental Nidaa Tounes, Mohamed Souf. "Debemos reconciliarnos, como ha pasado en Sudáfrica y en Ruanda", ha dicho.
A pesar de el consenso entre los partidos laicos e islamistas que ayudaron a la transición democrática de Túnez, el proyecto de ley ha dividido a los tunecinos entre aquellos que quieren olvidar el pasado y los que no toleran la corrupción.
Desde la revolución de 2011, Túnez ha sido considerado un país democrático por los estados occidentales. El progreso económico tunecino ha comenzado a erosionarse, aunque la corrupción continúa siendo el problema principal del país norteafricano.
