Archivo - Imagen de alumnos y un a profesora dando clase en un aula. - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves el dictamen sobre la la proposición de ley sobre la autoridad docente, que busca reforzar la seguridad de la comunidad educativa ante las posibles alteraciones de convivencia en el aula. La ley se llevará ahora al próximo pleno para emprender su aprobación definitiva.
La iniciativa legislativa ha contado con el apoyo de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC-PP-AHI-ASG) y la abstención de los grupos parlamentarios Socialista, Nueva Canarias-Bloque Canarista y de la diputada no adscrita Marta Gómez, que han presentado sus respectivas enmiendas, todas ellas rechazadas.
Si bien Gómez ha agreadecido el impulso de esta ley, "muy necesaria" para la comunidad educativa, porque dotará al profesorado "de la protección jurídica y del asesoramiento" que puedan necesitar, ha presentado enmiendas, entre ellas, la de eliminar la figura del coordinador o coordinadora de igualdad y educación afectivo sexual y de género, cuestión que ha sido rechazada durante la Comisión.
La diputada Carmen Hernández ha considerado "relevante" un trámite legislativo que precisará aún de más "consenso" en el Parlamento. De este modo, NC-BC se ha abstenido durante la votación del dictamen a la espera de que la ley se enriquezca antes de su aprobación en pleno. El Grupo Parlamentario solicita medidas concretas y garantía de recursos, como la implementación de una asistencia jurídica y psicológica gratuita, inmediata y especializada a los docentes.
"Cuando un docente sufre una agresión, una amenaza o una situación de acoso o un conflicto grave en el ejercicio de su profesión, no basta con decirle que tiene derecho a recibir asistencia jurídica o psicológica, hay que garantizar que esa asistencia llegue a tiempo y que pueda acceder a ella sin obstáculo", ha dicho.
En ese mismo sentido también se ha expresado el Partido Socialista, a través del diputado Marcos Francisco Hernández Guillén, que también se ha abstenido, en su crítica a una iniciativa legislativa, que persigue el reconocimiento de la autoridad docente en las islas, y cuyo objetivo ya se encuentraría "presente" en la normativa estatal, así como en la autonómica. "La innovación de este texto legal es escasa, y la reiteración de normas legales puede provocar problemas de seguridad jurídica", ha añadido.
APOYO AL GOBIERNO
Melody Mendoza (ASG), que ha mostrado su apoyo a la iniciativa, ha recalcado la "evolución importante" que ha experimentado la iniciativa desde su planteamiento inicial. "No es casual que incluso hayamos modificado ya su denominación, ya estamos hablando de una ley que se llama Ley de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado", ha expresado la diputada, que ha defendido la importancia de acompañar el reconocimiento "con medidas concretas", a la vez que se garanticen los derechos del alumnado y la convivencia.
Sonsóles Martín Jiménez (PP) ha agradecido la aportación de la comunidad educativa a una iniciativa "necesaria" que hoy se ve enriquecida tras un periodo de ponencias: "Es necesario apoyar al docente, que haya un marco de seguridad jurídica, y se les valore el principio de veracidad. Está claro que lo ya legislado no funciona".
Ha avanzado que "ahora toca" desarrollar la ley, especialmente en lo relativo al ámbito de la convivencia. "No hay bolas mágicas, y hay que dar oportunidad a que las leyes se desarrollen para luego evaluarlas y criticarlas", ha aseverado la diputada popular.
Sobre el rechazo de los grupos que apoyan al Gobierno a las enmiendas de NC-BC y del PSOE, ha señalado que el criterio responde al de "no mezclar" asuntos que tienen cabida en otras iniciativas, como las medidas de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales que se incluirán en una nueva ley, y la reducción de la burocracia, a través del programa 'Doramas' ya en marcha.
Miguel Yonathan Martín (CC) ha reconocido que la proposición de ley sobre la autoridad docente es "un avance" para garantizar "el derecho a aprender, pero también el derecho a enseñar". Asimismo, ha especificado, la iniciativa no persigue "imponer una educación autoritaria, ni enfrentar al profesorado con las familias y el alumnado, sino de reconocer que la autoridad educativa es necesaria" para garantizar un buen seguro para el aprendizaje.
Ha defendido, asimismo, la validez de la iniciativa para promover medidas educativas, de mediación y de orientación que hagan frente a las conductas inadecuadas al mismo tiempo que se eviten. "Se trata de construir una convivencia democrática dentro de nuestras aulas. Esta proposición incorpora, en ese sentido, medidas de protección jurídica y asistencia psicológica al profesorado", ha añadido.
