El servicio de atención a víctimas de violencia de género en Canarias, en "riesgo" ante la separación de GSC, según CCOO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras del Cecoes 112 ha alertado este viernes del "riesgo" que corre el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género ante la decisión del Gobierno de Canarias de separar la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC).

"Se compromete la continuidad, la seguridad y la eficacia del dispositivo", advierten desde el colectivo. Así, el comité de empresa ha instado a abrir un diálogo inmediato para garantizar la estabilidad y la calidad del servicio, según han expresado en un comunicado.

Recuerdan que GSC, empresa pública del Gobierno de Canarias que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), es además la encargada -por encomienda del Instituto Canario de Igualdad (ICI)-. del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Los Comités de Empresa de ambas provincias registraron el 11 de agosto un preaviso de huelga que entraría en vigor este 25 de agosto si no se alcanzaba una solución.

RIESGOS IDENTIFICADOS

Advierten que la separación de GSC implica falta de inversión, reduciendo la capacidad de respuesta ante emergencias, introduce cambios de gestión no transparentes que afectan al equipo técnico que sostiene el servicio, provoca desorganización de protocolos y de la coordinación institucional, debilitando la protección integral.

Además, estas actuaciones, denuncian, se han adoptado "sin diálogo ni transparencia y sin valorar su impacto" en los procesos de recuperación de las mujeres atendidas.

PETICIONES

En definitiva, el comité de empresa reclama paralizar "de inmediato" los cambios que perjudiquen al servicio, abrir un proceso de diálogo con los comités de huelga y los equipos representantes, garantizar la estabilidad laboral de las profesionales que desarrollan esta labor clave y respetar los estándares de calidad y atención integral fijados por la normativa vigente.

Recuerdan que la atención a las mujeres víctimas "no puede ser objeto de recortes ni improvisaciones". En ese sentido, enfatizan, se hablan de vidas "en riesgo" y, por lo tanto, "de un derecho fundamental", el derecho a vivir una vida libre de violencia.

En ese sentido, invitan a ciudadanía, movimientos feministas, colectivos sociales y medios a mantener la vigilancia y exigir una respuesta responsable para, puntualizan, no dar "ni un paso atrás en derechos".