La Comunidad envía requerimiento al delegado para exigir que disuelva acampada de Sol y avisa de acciones judiciales

1121107.1.260.149.20260929122650

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este martes de que ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el que le da 48 horas para disolver la acampada antidesahucios y por la vivienda de la Puerta del Sol y ha avisado de que, si no es así, emprenderá acciones judiciales.

"La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol. Y por eso acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del Gobierno para que en el plazo máximo de 48 horas dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol", ha afirmado el también portavoz del Gobierno regional ante los medios de comunicación desde la Real Casa de Correos.

El consejero ha puesto el foco en que es necesario que se "proteja" este edificio, que tiene más de 250 años de historias y es Bien de Interés Cultura, de "actos vandálicos" como los de los últimos días, en los que ha sufrido "pintadas, basura y orines".

En caso de que el delegado no atienda el requerimiento, ha afirmado de que presentarán el correspondiente recurso contencioso administrativo, pidiendo medidas cautelares, ante el órgano judicial correspondientes y se reservarán "el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales".

García Martín ha subrayado que desde el pasado sábado los madrileños están "sufriendo una acampada ilegal" en la Puerta del Sol, tras el desahucio de Maricarmen, que se ha hecho "con la complicidad" del delegado del Gobierno y sin que él ni el Ministerio de Interior estén haciendo "absolutamente nada para evitarlo.

En concreto, ha expresado que se trata de una acampada "ilegal" que está generando "importantes perjuicios" a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol, con los que están "en permanente contacto". "Ya temen que este acampado ilegal pueda tener un perjuicio económico muy importante como el que sufrieron durante el pasado 15M, que fue superior a los 90 millones de euros", ha apostillado.