MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales la Ley de Vivienda que se aprobará hoy en el Congreso si la Abogacía regional ratifica la denuncia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por invasión de competencias autonómicas, por lo que el Gobierno regional se vería obligado a defender "los intereses de los madrileños y el orden constitucional de reparto de competencias tras llevar asentado 40 años".
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se ha referido así al proyecto de Ley de Vivienda, aprobado por el Gobierno pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que remitirá al Congreso para su tramitación de urgencia. Esta nueva normativa incluye por primera vez el control de precios en las zonas más tensionadas.
La aprobación se producirá más de un mes después de lo previsto por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, debido a las demoras CGPJ en la emisión del informe preceptivo sobre el texto.
Al respecto, el consejero madrileño y responsable de Justicia del PP ha destacado que esta ley supone "un símbolo que define" al Gobierno de Pedro Sánchez.
"Estamos ante un gobierno rebelde hacia el Poder Judicial, rebelde ante el ordenamiento jurídico, un gobierno radicalizado por el sectarismo de una parte del gobierno y que impone un modelo de vivienda totalmente obsoleto en Europa y que determina ese grado de falta de respeto hacia el orden constitucional", ha censurado.
Igualmente, ha recalcado que entraña "un claro y grave problema constitucional" al invadir competencias de las comunidades autónomas, por lo que entiende que pone de manifiesto "la falta de respeto" hacia las competencias regionales.
En este punto, ha puesto el acento en que en algunas CCAA "hace de la evidencia institucional una arma de negociación política como es el caso del independentismo de Cataluña".
Por eso, el consejero ha pedido al Gobierno que tenga "un mínimo de sentido común y legisle con acomodo a la Constitucional y respetando las competencias de CCAA".
"Su opción política es absolutamente obsoleta porque parte de limitar los precios de alquiler contraria al modelo de proteger el derecho a la propiedad. Por eso, hay que acabar con esa parte del Gobierno que ve con simpatía los movimientos okupas que tanto daño hacen al derecho a la propiedad y retraen tantos bienes e inmuebles del mercado", ha subrayado.
Así, ha destacado que desde la Comunidad de Madrid se apuesta "por un modelo de fomentar acceso del alquiler a los más jóvenes y vulnerables y fomentando el respeto al derecho a la propiedad".
