MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz en Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha registrado este lunes en la Comisión Europea una denuncia contra la venta de más de 1.800 viviendas --más locales, trasteros y garajes, hasta llegar en total a 5.315 inmuebles de titularidad pública-- a la sociedad instrumental Fidere, durante el gobierno municipal de Ana Botella, en 2013.
Los socialistas consideran, y así lo argumentan en el escrito, que la operación pudo vulnerar las normas europeas sobre mercado interior, en concreto la de mercados públicos, y pudo transgredir también el derecho de la competencia recogido en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión.
Los argumentos que se exponen en la denuncia coinciden con el Informe de la Cámara de Cuentas. Señalan que se distorsionó la libre concurrencia de los licitadores en la venta de las 18 promociones y el procedimiento adoptado bloqueó, por un lado, los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y, por otro, los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los posibles candidatos a la compra.
La denuncia ante instancias europeas forma parte de las acciones judiciales que emprendió el Grupo Municipal Socialista desde el momento en el que se conoció la enajenación de este patrimonio municipal -18 promociones de vivienda pública- en una transacción plagada de defectos e irregularidades que suscitó, además, la celebración de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Madrid a la que no acudieron ninguno de los responsables políticos de la operación.
Se usaron, argumenta la denuncia, "acuerdos entre empresas, y prácticas concertadas que pueden afectar al comercio entre los Estados miembros y que tuvieron por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la transparencia y la libre concurrencia entre empresas dentro del mercado interior y, en particular, los que consistían en: fijar directa o indirectamente los precios de venta u otras condiciones de transacción; aplicando a terceros condiciones desiguales, que ocasionaron a éstos una desventaja competitiva, o impidieron la libre concurrencia al proceso de enajenación de activos de la citada EMVS".
Tal y como recoge el PSOE en su denuncia, mucho antes del anuncio de la venta de las 18 promociones (publicado en el diario El País el 3 de mayo 2013), la EMVS había recibido ofertas de compra de las viviendas públicas, "lo que pone de manifiesto que ya existían actuaciones claras relacionadas con la voluntad de vender esas 18 promociones, sin que se hubiera instruido un proceso formal de venta por la EMVS basado en las Instrucciones internas de contratación, ni norma administrativa estatal, autonómica o local alguna".
En este sentido, el Informe de la Cámara de Cuentas concluye, según recoge el PSOE, que "esta operación de intermediación inmobiliaria distorsiona la concurrencia de los licitadores en las enajenaciones de inmuebles ya que estas empresas se encargan de buscar a los licitadores, lo que resulta contrario a los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos previstos en el artículo 1 TRLCSP, y recogidos en las Instrucciones internas de contratación de la EMVS".
Igualmente, señala que el mismo órgano fiscalizador también apunta a que "se ha puesto de manifiesto el defecto fundamental de este proceso, el de las inexistencias del Pliego de Condiciones, de la Mesa de contratación, de los criterios de valoración de las ofertas, etc., que invalidan, por sí mismas, las actuaciones del proceso general utilizado en esta venta de inmuebles. Y careciendo de los requisitos formales necesarios para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación al que debe ajustarse la contratación de la EMVS".
Los socialistas denuncian además que la EMVS no estableció ningún precio de referencia público en la venta de las 18 promociones, sino que fue el comprador quien realizó la tasación. La EMVS eligió la oferta de Blackstone por 128,5 millones de euros y tres millones más por inmuebles no vinculados.
Un informe reciente encargado por la EMVS a una entidad tasadora oficial establece este precio en casi 250 millones de euros. Sin embargo, la Cámara de Cuentas calculó que el valor del conjunto de 18 promociones enajenadas superaría los 288 millones de euros.
Si se añade que Blackstone adquirió también 25 locales, 62 garajes y 2 trasteros no vinculados por aproximadamente 3,4 millones euros, la cifra supondría al menos 291,4 millones de euros.
"Todo el procedimiento es un escándalo y entre sus consecuencias está el perjuicio patrimonial ocasionado a la EMVS y por tanto a los madrileños, que sería superior a 162 millones de euros", ha apuntado la edil socialista.
González ha subrayado que el Grupo Municipal Socialista está dispuesto a "agotar todas las vías jurídicas posibles", al tiempo que ha lamentado que Ahora Madrid haya incumplido los compromisos adquiridos con los afectados. "El gobierno de Ahora Madrid anunció en septiembre de 2016 una serie de medidas judiciales que aún no ha puesto en marcha", ha recordado.
