MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparado a la Abogacía del Estado con los abogados de miembros de la banda terrorista ETA por "deslegitimar" informes de la Guardia Civil, que es lo que, según ha indicado, están haciendo este órgano y el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
"Y la Abogacía del Estado (de Sánchez-Iglesias) deslegitimando los informes de la Guardia Civil igual que hacían los abogados etarras. ¡Indignos!", ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter.
Así se ha referido al escrito en el que la Abogacía del Estado insta a archivar las diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por prevaricación, en la causa que lleva la juez Carmen Rodríguez-Medel, por permitir la manifestación del pasado 8 de marzo por el Día de la Mujer y otros eventos multitudinarios pese al riesgo de contagio del coronavirus.
La Abogacía del Estado, que sostiene que Franco "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias" al no prohibir la marcha del 8-M, descalifica los informes incriminatorios elaborados por la Guardia Civil por su "total ausencia de fiabilidad y credibilidad".
Además, Abascal ha añadido un enlace a una información del diario 'El Mundo' sobre el informe del forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid.
Este documento remitido la juez dice que en la Delegación del Gobierno en Madrid "se tenía conocimiento de la peligrosidad que entrañaba el Covid-19 para la salud de los madrileños y también se tenía conocimiento de cuál era la información que había que suministrar a la población para su autoprotección por medio de medidas de distanciamiento social", que son "las mismas medidas que se ofreció a los trabajadores del organismo".
El forense señala que no le consta que esa información y ese conocimiento que la Delegación del Gobierno transmitió a sus trabajadores el 28 de febrero se traspasaran "ni a las personas que solicitaban autorización para manifestarse ni a quienes iban a velar por la buena marcha de la manifestación del 8 de marzo".
Desde su punto de vista, la Delegación del Gobierno "debería haber suspendido las manifestaciones convocadas y no haber autorizado las nuevas para dar a los ciudadanos la misma oportunidad de preservar su salud tanto como a sus trabajadores".
