Otro acusado reconoce que compró el examen de acceso en un local de Baeza, donde lo "sabía todo el mundo"
MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Uno de las acusadas en el juicio que se celebra contra varios guardias civiles por la filtración de exámenes para acceder al Cuerpo ha denunciado que uno de los imputados la violó a punto de pistola y ha negado que recibiera las preguntas del examen a cambio de mantener relaciones sexuales.
En la tercera sesión de la vista oral, el tribunal que juzga el caso escuchó el testimonio de trece de los dieciséis acusados, quienes se enfrentan a penas que oscilan entre los diez años y los seis meses de prisión por delitos continuados de revelación de secretos, con grave daño a la causa pública, y falsedad en documento oficial.
Carmen D.M., a quien se acusa de obtener de forma ilegal un certificado de estudios de 2º de BUP y las preguntadas del examen, ha manifestado que el guardia civil destinado en Las Palmas Antonio del P.V. le entregó un test de exámenes anteriores sin rellenar para prepararse de cara a la convocatoria.
La imputada relató que Antonio del P.V. era amigo de la familia, puesto que su marido trabajaba en la misma comandancia de la Guardia Civil. La Fiscalía de Madrid acusa a éste de ser el distribuidor de exámenes en Las Palmas de Gran Canaria, si bien se ausenta del juicio al padecer una enfermedad terminal.
A preguntas del fiscal sobre si recibió las preguntas a cambio de mantener relaciones sexuales con el acusado, la procesada ha denunciado que éste la violó y la estuvo acosando sexualmente en dependencias del Instituto Armado. "Fui violada por Antonio del P.", ha aseverado.
Según ha relatado, la Guardia Civil la detuvo y la interrogó durante más de cinco horas, denunciando ella la violación que había sufrido, así como el acoso sexual. Tras ser inquirida sobre si conocía la trama de exámenes, la procesada firmó el acta de declaración, sin leer su contenido porque "estaba cansada".
Así, ha indicado al tribunal que en la instrucción del caso tuvo conocimiento que en la declaración constaba una denuncia firmada por ella en la que destapaba el entramado de tráfico de exámenes para acceder la Cuerpo, sin mencionar nada de la violación. "No sabía nada", ha recalcado.
Por otro lado, el acusado Antonio F.D, destinado en la Comandancia de la Guardia Civil de Orense, ha reconocido que compró el examen en un local llamado 'El Bazar El Olivo' en Baeza (Jaén), donde "todo el mundo sabía que se podían adquirir". Además, ha denunciado que recibió coacciones y amenazas por sus propios compañeros para inducirle a declarar sobre la supuesta trata de exámenes.
También ha prestado declaración Paulino O.R., quien entre 1997 a 2000 estaba destinado como miembro de la Guardia Civil en la Plana Mayor de la Sección de Selección y Formación de la Jefatura de Enseñanza de la Benemérita, con sede en Madrid. Se enfrenta a una pena de tres años de cárcel.
El procesado ha negado haber manipulado los exámenes, así como haberlos facilitado. "Desconocía el código para acceder a las preguntas y estaba custodiado por el presidente del tribunal y los servicios informáticos", ha insistido.
En el escrito de acusación, el fiscal relata que Paulino O.R. era el encargado de preparar, elaborar, custodiar y corregir los exámenes de acceso al Cuerpo y Promoción Interna de otros cargos del Instituto Armado. Entre sus cometidos figuraba también el de auxiliar y vigilar los exámenes hasta su traslado a Baeza, donde se celebraban las pruebas.
Durante 1997 y 2000, el procesado facilitó presuntamente las preguntas del examen a Antonio del P.V., quien a su vez se las habría entregado a otros conocidos suyos en Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos la acusada Carmen D.M.
ALTERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Paulino O.R. habría hecho lo mismo con otros acusados, quienes se encargaban de distribuir los exámenes bajo precio en otras comunidades autónomas. En el caso de que los amigos o familiares hubieran suspendido las pruebas, se alteraban los resultados de los exámenes.
Al mismo tiempo, el entonces director del Centro de Estudios Cumbre, José Luis A.G., se encargaba de facilitar los certificados académicos necesarios para el acceso a la Guardia Civil a los aspirantes que no tenían el título de secundaria.
El acusado expedía certificados de estudios a personas que ni siquiera habían estado matriculadas en el centro, que depende del colegio Ramiro de Maeztu.
