MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura ha defendido la necesidad de modificar la regulación de la casación con el fin de que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse y fijar doctrina cuando haya interpretaciones divergentes de las Audiencias Provinciales. Tras la polémica generada a raíz de la sentencia firmada por el juez Juan del Olmo, que considera que llamar "zorra" a la esposa no constituye un insulto, la asociación ha advertido sobre la disparidad de criterio en este tipo de amenazas.
En declaraciones a Europa Press, su portavoz, Pablo Llerena, ha dado cuenta de la posición discrepante en la aplicación del Código Penal. Mientras unos tribunales consideran que "cualquier amenaza o agresión leve entre un esposo y su cónyuge es constitutiva de delito", otros entienden que ha de darse además "una relación de sumisión".
Para poner freno a estas discrepancias, Llarena estima que el alto tribunal debería fijar doctrina pero lamenta que sólo puede pronunciarse en asuntos con penas superiores a los 5 años de cárcel. "Por penalidad asuntos cómo éste nunca llegarán al Supremo, salvo que se hayan cometido unidos a otros delitos con pena más grave", explica, para defender que debería poder pronunciarse siempre que el asunto revista un interés casacional.
"Defiendo que se debería producir una modificación de la regulación de la casación. No quiere decir que cualquier persona pueda acudir al Tribunal Supremo en cualquier tipo de delito", precisa, para argumentar que debería acudirse cuando sea necesario "unificar criterios y establecer la interpretación legal correcta".
En todo caso, ha negado que los jueces y magistrados vivan ajenos a la realidad y ha puesto de relieve sus "respuestas adecuadas" tanto en materia de violencia de género como en el resto de asuntos que preocupan a la sociedad. Tras valorar el buen trabajo de los jueces y el CGPJ, ha considera que la opinión pública tienen "confianza" en los tribunales.
Al tratarse de una cuestión que preocupa especialmente a la sociedad, Llarena ha visto con naturalidad la opinión expresada por diferentes dirigentes políticos sobre la sentencia de la Audiencia de Murcia. "Es una valoración que en términos de opinión pública puede hacer cualquier persona", ha concluido.
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