CCOO y UGT celebran el señalamiento del juicio por el accidente de la A-7 en Granada en que fallecieron 6 trabajadores

GRANADA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han celebrado este martes que el Juzgado de lo Penal de Motril (Granada) ya haya señalado para el 1 de febrero de 2012 el juicio por el accidente que se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto de Río Verde de la A-7, en Almuñécar, y que costó la vida a seis trabajadores, un siniestro por el que están imputadas un total de doce personas.

No obstante, tanto CCOO como UGT, personados en la causa, han lamentado la demora en todas las fases del procesos judicial, lo que ha provocado que el juicio vaya a celebrarse cuando han pasado ya más de seis años desde la tragedia.

El secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT-Granada, Francisco Ruiz Ruano, ha considerado que en este caso existen "indicios racionales de criminalidad suficientes" y ha exigido "rapidez y celeridad" en la celebración de la vista oral y que no se produzcan más demoras, tal y como ocurrió con la fase de instrucción.

Ha indicado además que UGT busca un triple objetivo en este proceso penal: saber qué ocurrió el 7 de noviembre de 2005; que se depuren las responsabilidades por el siniestro, "por una cuestión de justicia con los familiares de los fallecidos"; y que se tomen las medidas de prevención oportunas, para que este tipo de hechos no vuelvan a producirse. Ruiz-Ruano ha concluido diciendo que espera que la condena a los imputados sea de prisión porque si no, ha dicho, "a los empresarios les saldrá barato incumplir la ley y haber provocado la muerte de seis trabajadores".

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de la Federación de Construcción, Maderas y Afines (Fecoma) de CCOO de Granada, Francisco Quirós, que se ha alegrado del señalamiento del juicio aunque "lamentando" el retraso considerable. "Por fin se podrán depurar las responsabilidades en este accidente con delitos de sangre", ha señalado en declaraciones a Europa Press Quirós, que ha recordado además que el sindicato es la única parte personada que acusa al jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, porque entienden que el Ministerio de Fomento era el responsable de la obra.

PETICIÓN DE CÁRCEL

El sindicato UGT, personado como acusación popular, pide un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados. Los acusa concretamente de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo, por el que además solicita una multa de 144.000 euros.

CCOO, también acción popular, solicita un total de 288 años de cárcel para los doce imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.

El señalamiento de la vista, que se ha conocido este martes, se produce cinco años y medio después de lo ocurrido y más de dos años de que se decretara la apertura de juicio oral por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar, que consideró que de la instrucción se desprendía la "existencia de indicios racionales de criminalidad" para imputar de manera provisional a los acusados, entre los que se encuentra Juan Francisco Martín Enciso, jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, del Ministerio de Fomento, Pablo Jiménez, ingeniero director del proyecto de ejecición del tramo La Herradura Taramay, y Juan Mena Delfa, coordinador de seguridad del Ministerio de Fomento.

De hecho, las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras para la realización de los trabajos de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado y a su vez la empresa contratista subcontrató con la mercantil portuguesa Douro Montemuro diversas unidades de obra. Para la realización del viaducto Río Verde que se desplomó se hizo uso de una 'autocimbra' para la ejecucución de los tableros que constituirán en su día las calzadas de la autovía. El fabricante de la 'autocimbra' es 'Puentes y Calzadas', líder del grupo empresarial al que pertenece Estructuras y Montajes.

Por ello, están imputados en la causa, además de los mencionados, el representante legal, el jefe de obra y la técnico de seguridad de la UTE La Herradura, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; el representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe de obra, el encargado y el capataz de Estructuras y Montajes Prefabricados, C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. J.M.O.C. y M.C.M.; y el representante legal de la empresa Puentes y Calzadas , J.M.L.M.

Según indicaba la juez en el auto que se dio a conocer el pasado mes de enero de 2009, el 7 de noviembre de 2005, sobre las 15,30 horas, se produjo la caída de la autocimbra desde una altura de unos 67 metros aproximadamente, siniestro que produjo el fallecimiento de seis personas y lesiones de diversa consideración en otras cinco.

UNA AVERÍA EN EL MECANISMO, QUE NO SE DESALOJÓ

Ese día se produjo una avería en uno de los cables eléctricos del sistema de accionamiento para el desplazamiento de la autocimbra, y, a pesar de ello, los trabajadores permanecieron sobre el mecanismo, que no se desalojó, durante las labores de reparación. Después de una media hora desde que se registró el fallo eléctrico se produjo el colapso de la autocimbra, precipitándose al vacío.

Según el informe pericial elaborado, el inicio del colapso de la cimbra se ubica en la unión entre el marco trasero de la batería izquierda y el cordón inferior derecho del módulo adyacente de la batería simple, lugar en el que se inició la rotura en una de las soldaduras, por el aflojamiento de una tuerca o de uno o varios tornillos de unión.

Las especificaciones relativas a las precauciones de seguridad respecto a los ajustas contenidas en el manual de instrucciones de la autocimbra resultaban, según la juez, "escasas e insuficientes" como también las instrucciones con respecto al mantenimiento y reparación de la autocimbra que se establecían.

El Estudio de Seguridad y Salud elaborado por el Ministerio de Fomento fue también "insuficiente", ya que no contenía mención alguna ni a la autocimbra, ni a ningún otro equipo de trabajo, ni consta que haya llevado a cabo ningún tipo de control o seguimiento concreto sobre la revisión de la autocimbra.

La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para once de los imputados. Diez de los once acusados, entre los que se encuentra el ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.

Para M.C.M., capataz de la empresa 'Estructuras y Montajes Prefabricados' --la subcontrata--, el Ministerio Solicita tres años y seis meses de prisión, puesto que no se le imputa el primero de los delitos mencionados. Asimismo, el fiscal interesa el sobreseimiento con respecto a Juan Francisco Marín Enciso, jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, del Ministerio de Fomento, que también estaba inicialmente imputado en el procedimiento.