El CGPJ declara en "servicios especiales" al portavoz de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, juez aunque no ejerza

Francisco Serrano, este miércoles
EUROPA PRESS
Publicado 17/01/2019 17:41:42CET

Serrano, que reingresó en la carrera tras su inhabilitación, se encuentra en excedencia tras rechazar plaza en un juzgado de Cataluña

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado este jueves declarar en situación administrativa de "servicios especiales" en la carrera judicial a Francisco de Asís Serrano, actual diputado y portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía.

Serrano fue condenado por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa, tras modificar el régimen de visitas de un menor para que éste asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla.

Posteriormente este fallo fue anulado por el Tribunal Constitucional y Serrano pidió al CGPJ su ingreso en la carrera -ya había cumplido los dos años de inhabilitación que se le impusieron inicialmente- , si bien el órgano de gobierno de los jueces rechazó hacerlo al considerar que el cumplimiento de la pena de inhabilitación que le fue impuesta supuso la privación definitiva del cargo de magistrado.

Dicho acuerdo establecía también que si deseaba ingresar en la carrera judicial tendría que hacerlo mediante la superación de cualquiera de los modos de ingreso, como cualquier otro ciudadano. El actual diputado autonómico recurrió esta decisión ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Supremo y esta vez el alto tribunal le dió la razón y en noviembre de 2017 dijo que el CGPJ no había actuado correctamente y ordenó su reingreso en la Carrera Judicial.

Tras ello se ofreció un puesto al actual diputado de Vox en un tribunal catalán y éste lo rechazó y se quedó en Sevilla, donde abrió un despacho de abogados, han señalado a Europa Press en fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Conserva no obstante su condición de magistrado, por lo que su salto a la política obliga a modificar su situación administrativa, que es lo que hará mañana el CGPJ.