MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española ha defendido este lunes que los abogados del turno de oficio han cumplido su función en la defensa de varios acusados de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción, durante la etapa del 'popular' Rafael Catalá, que, aunque dejó la política, todavía es miembro del actual Comité Ejecutivo del PP.
En un comunicado, ha recalcado que la abogacía del turno de oficio "ha cumplido con su función dentro del proceso penal, cual es el ejercicio del derecho de defensa de toda la ciudadanía", tal y como recoge el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido, ha reclamado que su actuación no sea "objeto de controversia entre los distintos partidos en periodo electoral", del que tanto el Consejo General de la Abogacía como el Colegio de Abogados de Madrid "deben y quieren mantenerse totalmente al margen".
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha confirmado la información publicada por 'El País', según la cual, con Catalá en el Ministerio, se realizaron pagos a sociedades mercantiles con cargo al erario público "en virtud de la justicia gratuita" a quienes no tenían reconocido ese derecho, como es el caso de Correa, o incluso a quienes lo tenían expresamente denegado.
En concreto, el periódico informa de que Justicia abonó cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como Correa; el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la Gürtel y lo hizo a través de mecanismos de asistencia jurídica gratuita.
Según el Consejo General de la Abogacía, el pago de las retribuciones responde a un convenio firmado por esta institución, el Ministerio y el Colegio de Abogados de Madrid, algo que también se ha realizado en otras macrocausas como los atentados del 11-M, debido a la "complejidad y duración" de la misma, ya que requiere la "práctica totalidad" de las horas de trabajo de los abogados designados.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, el equipo del Ministerio de Justicia decidió "unilateralmente" que los pagos realizados una vez concluida la vigencia del convenio "no se ajustaban a derecho" y reclamó la devolución de los pagos que ya habían sido abonados a los abogados del turno de oficio, que cifra en 591.297 euros.
Según el relato del Consejo General de la Abogacía Española, los abogados que prestan este servicio permanecieron entre el 17 de agosto y el 22 de noviembre de 2018 sin cobrar sus remuneraciones. Finalmente, el 31 de octubre, el Consejo realizó el abono de la cantidad exigida por el Gobierno.
Justicia, por su parte, se comprometió el pasado mes de marzo con los máximos responsables del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Madrid a abonar los pagos debidos. "Los responsables del Ministerio no cumplieron su compromiso, por lo que el Consejo General de la Abogacía se vio abocado a interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para reclamar al Ministerio de Justicia el abono de esas cantidades que corresponden al órgano que representa al conjunto de los abogados españoles y al Colegio de Abogados Madrid, previa la interposición de un recurso de reposición que no mereció respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia", lamenta.
