BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Social 1 de Mataró ha condenado al empresario Francisco Javier Gallostra a hacer frente con su patrimonio personal al pago de las indemnizaciones y los salarios retrasados de un grupo de 56 trabajadores de la textil Gallostra de Pineda de Mar (Barcelona), que asciende a 1,46 millones de euros, según ha informado este martes el Col·lectiu Ronda, que ha representado a estos empleados en la reclamación de sus deudas.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera que Francisco Javier Gallostra es responsable solidario de las cantidades reclamadas por los trabajadores de la compañía, que cerró en enero de 2013 dejando sin trabajo a 125 empleados tras acumular una deuda de ocho meses sin pagar las nóminas.
La compañía, dedicada a la fabricación de calcetines y medias, con licencia para marcas como Pocholo, entró en concurso de acreedores el 25 de octubre de 2012, pero los trabajadores llevaban desde el mes de junio sin cobrar cuando anunció su cierre definitivo.
La empresa, que acabó en fase de liquidación por orden del Juzgado Social 4 de Barcelona, alegó incapacidad financiera para hacer frente al pago de las indemnizaciones correspondientes al despido de la plantilla y los salarios no abonados, una situación de la que los trabajadores hacían directamente responsable a Francisco Javier Gallostra por haber transvasado el patrimonio de esta compañía hacia su patrimonio personal.
La juez constata que figuró como administrador de la empresa desde 1977 hasta 2002, pero que ha sido el administrador de hecho de la compañía "de forma ininterrumpida", llevando personalmente la administración y gestión de la empresa día a día y adoptando personalmente todas las decisiones respecto de la misma, por lo que debe ser responsable solidario de las cuantías reclamadas.
Considera que ejerció de forma personal y directa la actividad mercantil "escondiéndose de forma fraudulenta detrás de la pantalla de la personalidad jurídica de la empresa con la finalidad de buscar su provecho personal y eludir todo tipo de responsabilidades".
La juez asegura que Gallostra tomó todas las decisiones relacionadas con la empresa "sin estar supeditado a instrucciones u órdenes de ningún tercero", y enumera algunas como la llevanza de doble contabilidad, la decisión de ventas no oficiales, el cobro de recibos especiales, la fijación de salarios no incluidos en nómina, el no depositar libros de contabilidad al Registro Mercantil y la fecha de presentación del concurso.
Col·lectiu Ronda ha afirmado que los trabajadores que han instado la acción judicial ven satisfechas sus exigencias al considerar que el empresario había desviado fraudulentamente el patrimonio de Gallostra hacia su patrimonio personal o de otras compañías de su órbita.
