La Entesa mantiene 'vivas' sus enmiendas en el Senado para salvar el Consejo de Medios Audiovisuales

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Entesa catalana de progres ha mantenido 'vivas' sus enmiendas en el Senado a la Ley de Economía Sostenible (LES) para salvar la creación del Consejo de Medios Audiovisuales (CEMA), mediante su adscripción a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), con sede en Barcelona.

Aunque este organismo sigue pendiente de creación, de acuerdo con la Ley General Audiovisual, el Senado aprobó este martes las enmiendas al informe de la ponencia, entre las que destacan las aprobadas del PSOE para que el número de miembros del futuro Consejo pase de nueve a siete miembros.

No obstante, en el paquete de enmiendas no se incluyeron las relativas al CEMA que habían presentado el PP y Entesa -- que Esquerra ya presentó en el Congreso--, aunque sí serán debatidas en el Pleno del Senado del próximo 9 de febrero, donde aún podrían 'salvarse' y salir adelante.

MENOS MIEMBROS EN EL CONSEJO DE MEDIOS

Lo que el Senado ya ha introducido, a instancias del PSOE, es un cambio en la Ley General Audiovisual para que en el momento de su creación el Consejo de Medios en lugar de los nueve miembros que se planteaban hace un año (un presidente, un vicepresidente y siete consejeros), pasará a tener seis miembros más el presidente.

Además, se mantiene la idea de que los consejeros serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos, entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el sector audiovisual en todas sus vertientes.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció a comienzos de año en un desayuno informativo de Europa Press la creación del Consejo de Medios Audiovisuales en este mismo periodo de sesiones, para lo que señaló que el Ejecutivo empezará "de inmediato" a hablar con los grupos parlamentarios.

La Ley Audiovisual otorga al CEMA la misión de ser un órgano independiente encargado de supervisar y regular la actividad de los medios de comunicación y aplicar las sanciones que la regulación contempla para las infracciones.

Los Presupuestos de 2011 no incluyen partida alguna para la puesta en marcha del Consejo de Medios Audiovisuales y por ello algunos grupos parlamentarios y organizaciones del sector habían pedido su fusión con la CMT, propuesta que no prosperó en el Congreso y tampoco este martes en el Senado. Queda el trámite del Pleno de la Cámara Alta, donde la Ley de Economía Sostenible volverá a discutirse la próxima semana.

VOTO FAVORABLE DE CINCO CONSEJEROS

Además, la Comisión ha incorporado otra enmienda del PSOE en la que se propone que el Consejo de los organismos reguladores, como es el caso del CEMA, será el que apruebe el Reglamento de funcionamiento interno del mismo, en el que se regulará la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen de transparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del propio Consejo, incluyendo su régimen de convocatorias y sesiones, y el procedimiento interno para la elevación de asuntos para su consideración y su adopción.

Concretamente, se especifica que la aprobación del Reglamento requerirá del voto favorable de, al menos, cinco miembros del Consejo, una cifra que se considera en "suficientemente representativa".

En cambio, no entró otra enmienda del Grupo Socialista que pretendía que la autoridad audiovisual pudiese decidir cuándo un anuncio es realmente publicidad o bien se trata de un mensaje de servicio público cuya emisión es gratuita y ajena a los límites de publicidad por hora marcados por la ley.

PUBLICIDAD O SERVICIO PÚBLICO

En su artículo 14.1, la Ley General Audiovisual establece que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva pueden emitir un máximo de 12 minutos de mensajes publicitarios por hora de reloj, excluyendo de ese cómputo la telepromoción.

Ahora bien, determinadas campañas pueden situarse en la frontera entre lo que es mensaje publicitario y lo que son comunicaciones de servicio público. Con el fin de aclarar esta cuestión, el PSOE pretendía incluir una disposición adicional en la Ley para que fuera la autoridad audiovisual quien lo determinase, previa a la emisión de los anuncios y a petición de los interesados.

El PSOE quería dar seguridad jurídica a las cadenas de televisión para que, una vez que se pronunciase la autoridad, pudiesen tomar la decisión de difundir esos mensajes gratuitamente en la confianza de que no computan dentro del tope de esos 12 minutos por hora.