Actualizado 04/12/2014 00:01 CET

IU-ICV quiere que el Congreso vote la continuidad de Ruz mientras siga instruyendo los casos Gürtel y Bárcenas

El juez Pablo Ruz
EUROPA PRESS

CiU reclama acabar con las filtraciones a la prensa y propone como alternativa comparecencias públicas de jueces y fiscales

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que el Congreso vote sobre la continuidad del juez Pablo Ruz al frente del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional al menos hasta que acabe la instrucción del 'caso Gürtel' y el de 'Los papeles de Bárcenas', e incluso si el titular de la plaza que él ocupa en comisión de servicios regresa al juzgado.

Así se desprende de una propuesta de resolución que el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, ha planteado a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al año 2013. Las casi cien propuestas de los distintos grupos parlamentarios, a las que ha tenido acceso Europa Press, se votarán en el próximo Pleno de la Cámara Baja, previsiblemente el día 11 de diciembre.

En concreto, IU-ICV plantea que el Congreso inste al órgano de gobierno de los jueces a "garantizar la continuidad en el ejercicio jurisdiccional de aquellos jueces que en la actualidad instruyen procesos de gran complejidad y trascendencia pública como los vinculados a tramas de corrupción política".

EL JUEZ, PENDIENTE DE UNA PRÓRROGA

Aunque sin citar expresamente a Ruz, la propuesta de resolución se refiere a aquellos jueces que "por imperativo legal hubieran de cesar por las razones orgánicamente establecidas" con el objetivo de que "se mantengan en sus funciones, en colaboración con aquellos que resultaran titulares de los órganos jurisdiccionales afectados".

Ruz, que tiene su plaza en el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ocupa desde junio de 2010 el Central número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, Miguel Carmona actúa de juez de enlace en Reino Unido. El pasado 24 de junio el CGPJ acordó prorrogar por seis meses, es decir, hasta este mes de diciembre, la comisión de servicio de Ruz que, además de las causas sobre la supuesta financiación ilegal del PP instruye otras de carácter económico o relacionadas con la justicia universal.

La Ley permite renovar dicha prórroga por seis meses más, hasta junio del próximo año, si bien para ello el magistrado debería haber solicitado dicha renovación y la Sala de Gobierno haberla informado favorablemente. No consta que esta petición de Ruz se haya producido, aunque el juez del caso "Gürtel" aún está en plazo para hacerlo.

Pero el CGPJ podría optar por otra vía para decidir sobre Ruz: incluir la renovación de su plaza junto con las de otros 37 jueces de toda España que también sustituyen al titular del puesto mientras éste se encuentra cumpliendo otras funciones en servicios especiales. De este modo, y de salir su plaza a concurso, la obtendría aquel que opte a la misma con mayor antigüedad, lo que dejaría a Ruz fuera de esta opción.

La Izquierda Plural sostiene que con el mantenimiento de Ruz en su actual juzgado para poder concluir las causas que tiene abiertas "se trasladaría a la ciudadanía la confianza en la independencia judicial y en su eficacia".

MÁS MEDIOS PARA LA JUSTICIA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En otra de sus propuestas de resolución, Llamazares reclama al CGPJ y a las administraciones públicas que ponga en manos de jueces y fiscales todos los medios necesarios para afrontar con eficacia sus investigaciones, el enjuiciamiento ágil y el castigo efectivo de los delitos de corrupción. Asimismo, demanda un plan específico para aquellos juzgados que afrontan "macrocausas o causas de especial complejidad" de manera que puedan concluir los procedimientos en un "plazo razonable".

En la misma línea, UPyD propone instar al CGPJ a que facilite todos los medios posibles y disponibles a la Audiencia Nacional para agilizar la instrucción de las macrocausas de corrupción que está llevando a cabo y evitar dilaciones indebidas que impidan hacer justicia de una manera real y efectiva.

También el PNV reclama más medios para el combate judicial contra la corrupción. Así, pide al CGPJ "optimizar sus competencias" en este ámbito con protocolos de actuación "diligentes" que permitan limitar la "desmesurada duración" en la instrucción de estas causas, poniendo más medios y refuerzos judiciales e incluso reclamando peritos o expertos a otras administraciones si es necesario.

Asimismo, propone que se evite la concentración "en pocos jueces de la mayoría de los sumarios que afectan a tramas de corrupción complejas", que se colabore con estructuras judiciales internacionales como Eurojust y que el CGPJ presione en organismos internacionales para lograr la "erradicación de los paraísos fiscales".

Por su parte, el PSOE pide que el CGPJ, en colaboración con las administraciones competentes, lleve a cabo planes de especialización y dotación de medios suficientes, especialmente para órganos judiciales saturados que además están llevando causas complejas de tipo económico, y causas por corrupción, repartidas a gran escala por la geografía española.

En esos planes, según los socialistas, habría que analizar las necesidades de dichos órganos judiciales en cuanto a "medios de investigación y asesoramiento especializado, medidas de refuerzo, técnicas, programas de formación contínua, sistematización documental y mejora de las bases de datos y de los contenidos de los puntos neutros de investigación judicial", impulsando desde el CGPJ "servicios al juez o una unidad para la lucha contra la corrupción" de Ayuda.

REVISAR LA FIGURA DEL IMPUTADO

Los nacionalistas de CiU se centran en exigir al Consejo del Poder Judicial "todas las actuaciones necesarias" para evitar las filtraciones a la prensa de los procesos que puedan dar lugar a juicios paralelas. Como alternativa, sugieren que sean los propios jueces y fiscales los que informen públicamente a la ciudadanía en casos concretos relacionados con la corrupción.

En otra propuesta, CiU solicita el apoyo del CGPJ para exigir al Gobierno que la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluya medidas como "regular o dotar de mayor garantía a las intervenciones telefónicas, la proporcionalidad de las intervenciones judiciales a través de medidas que preserven el derecho fundamental al honor de las personas, establecimiento la duración máxima de la fase de instrucción, nueva definición del estatuto del imputado cambiando su denominación, y establecimiento de un sistema de responsabilidades por la vulneración del secreto de sumario".

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