MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley en la que plantea que el Gobierno pueda "regular el embargo o suspender el comercio y transacción de armas con cualquier Estado que invada un territorio y se produzca una ocupación del mismo.
En concreto, el articulado de la proposición propone que, "cuando se produzca una invasión de un territorio por parte de un Estado y haya una ocupación, el Gobierno español suspenderá toda clase de comercio y transacción de armas con el Estado invasor y ocupante". Asimismo, el texto recoge la posibilidad de revisar "individualmente" y, en su caso, de "suspender cada una de las transacciones de bienes y servicios considerados de doble uso".
La iniciativa del portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Joan Josep Nuet, presentada a raíz de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, apela al papel de España en su "defensa de los Derechos Humanos y, por tanto, del Derecho Internacional en sus relaciones exteriores".
EMBARGO DE ARMAS PARA REINSTAURAR LA CONVIVENCIA
Así, advierte de que "cuando se produce una grave violación de la convivencia internacional, es preciso utilizar todos los instrumentos posibles para reinstaurar la misma y, en su caso, forzar el diálogo y la negociación de buena fe entre los actores enfrentados para volver a instaurar una convivencia más armónica".
En la exposición de motivos de la proposición de ley, Nuet indica que uno de los posibles instrumentos de intervención es "el embargo de armamento a los sujetos que hayan provocado un conflicto". "Los Estados y la comunidad internacional no pueden ser indiferentes ante la violación del Derecho Internacional, y menos aún cuando esta se puede calificar como grave", añade.
La iniciativa contiene también una disposición adicional acerca de la "información sobre los Estados invasores u ocupantes" para que en la información sobre las exportaciones de material de defensa y de doble uso que el Gobierno elabora y envía al Congreso "se incorpore un apartado específico sobre los Estados afectados por lo dispuesto en esta ley".
