MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la comunicación cursada el pasado viernes por el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano que eleva suplicatorio en relación con la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrs, "al objeto de que se le dé el trámite que corresponda en esa Cámara". Se pide permiso para investigarla por un total de 4 delitos relacionados con unos contratos que adjudicó durante la etapa en la que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La comunicación de Lesmes se acompaña de la exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, en la que se relacionan los hechos objeto de la causa que podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, ha informado el alto tribunal.
Según la instrucción realizada, las irregularidades aparecen en 18 contratos de esta organización, por valor de 259.863 euros, que fueron adjudicados a su amigo Isaías Herrero, que está siendo igualmente investigado por el alto tribunal. No obstante, el instructor detalla que la malversación está aún por cuantificar.
La exposición ha sido redactada por el instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Eduardo Porres, que es quien ha instado el suplicatorio. Dicho juez citó para el pasado 14 de febrero en el Supremo a Laura Borrás para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la Ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación.
Tras analizar de forma pormenorizada toda la instrucción, Porres concluye que Borrás tenía la condición de autoridad y "actuó abusando de las funciones que legalmente tenía encomendadas".
Así, cometió prevaricación al dictar resoluciones que dieron lugar a la "omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo", lo que en espera de poder escucharla en declaración "carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses" de su amigo Hererro, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto. Igualmente, encuentra indicios de malversación -por un valor total que según Porres aún no se ha cuantificado- y de fraude administrativo y también documental.
La investigación a la diputada de JxCat nace de la instrucción que abrió un juzgado de Maresa en 2017 contra Isaías Herrero por un presunto delito de falsificación de moneda al que después se sumaron falsedad documental y tráfico de drogas. En el marco de esta causa, los investigadores analizaron las conversaciones telefónicas del "amigo" de Borrás de las que se desprendía la necesidad de preparar unas facturas.
El juzgado de Manresa finalmente se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde continuó la investigación y se confirmó el "modus operandi seguido en el periodo 2014-2017 consistente en dividirla contratación del servicioen contrato menores de menos de 2018", explica la resolución. Fue este tribunal el que elevó la causa al Supremo dada la condición de aforada de Borrás como diputada en el Congreso.
La prueba clave se encontró en una la cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borrás señala de "forma muy explícita" a Herrero como debía proceder. Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitaron para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue para una de las empresas de Hererro, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.
