PAMPLONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los cuatro miembros del movimiento de apoyo a presos de ETA Herrira citados por la Guardia Civil en la Comandancia de Pamplona este jueves se han negado a declarar. Se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores relacionado con la operación Mate.
Los miembros de Herrira citados a declarar en Pamplona, Jon Garay, Imanol Carrera, Eneko Villegas y Sergio Labayen, fueron detenidos, junto a Fran Balda, en septiembre de 2013, y quedaron en libertad, imputados por pertenencia a banda armada, financiación del terrorismo y apología.
Los cuatro citados por la Guardia Civil han entrado a la Comandancia de la avenida de Galicia de la capital navarra acompañados de su abogado sobre las 12.10 horas y han salido a las 12.45 horas.
A la salida, Imanol Carrera ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que no han querido declarar "en sede policial" y ha añadido que "en todo caso" lo harán si el juez les requiere para ello.
Carrera ha indicado que se les han informado de que están imputados por un delito contra los derechos de los trabajadores, pero que no se les han precisado los hechos por los que se les imputa ese delito "al no querer realizar ninguna declaración en sede policial".
Por su parte, Jon Garay, antes de entrar a la Comandancia de la Guardia Civil, ha afirmado que "la imputación que se nos realiza es justo lo contrario al trabajo que realizábamos". "Nuestro trabajo era público, se basaba en la defensa de los derechos humanos, era, junto a miles de gotas, hacer ese mar de solidaridad hacia las personas que están indefensas", ha añadido.
Además, Garay ha mostrado su "solidaridad" con las personas detenidas en el marco de la operación Mate y con "todas las personas que a día de hoy siguen indefensas, todas esas personas presas y exiliadas".
Frente a la Comandancia se ha reunido un grupo de familiares y amigos de los citados a declarar, así como varios abogados. Entre ellos, Juanje Soria ha afirmado que la operación Mate "está enmarcada en un atentado al derecho de defensa de determinadas personas, que es un derecho que afecta no sólo a los abogados, sino también a sus clientes". "Es inadmisible privar de derecho de defensa a algunas personas", ha añadido.
Además, ha criticado que la operación "es una auténtica aberración por la forma en que se realizaron las detenciones, por el fondo de la cuestión, y por lo que son las medidas cautelares que se han adoptado, que violan gravísimamente cualquier derecho profesional".
