MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, defenderá el martes de la próxima semana ante el Pleno del Congreso una proposición no de ley que plantea al Gobierno la puesta en marcha de una ley de apoyo a la actividad de los emprendedores sociales que comprenda nuevas figuras jurídicas para el colectivo.
Así, propone reconocer la denominación legal de 'Sociedad Limitada de Interés General' para albergar la actividad de empresas que trabajan para el bien común y buscan un impacto social.
En concreto, esta denominación tendría como objetivo una actividad económica con impacto social, así como promover oportunidades económicos y proporcionar productos y servicios al alcance de individuos o colectivos vulnerables; además de preservar el medio ambiente.
Haciéndose eco de la propuesta de diversos sectores de la sociedad civil, propone también que este tipo de sociedad esté asociada a determinadas limitaciones en el reparto de beneficios (sólo podrá repartirse un 30% del beneficio obtenido obligándose a invertir el 70% o aplicarlo a reservas); limitaciones de sueldo; así como a la transparencia (el consejo de administración contará con un consejero totalmente independiente y deberá elaborar un informe anual a disposición de los socio y de cualquier tercero que lo solicite).
Además, quiere que se establezcan incentivos fiscales sobre las actividades económicas de estas sociedades (tributarán al 18% sobre una base imponible de hasta 200.000 euros y, a partir de esta cuantía, se elevará al 22%).
Para animar a invertir en proyectos de emprenduría social, plantea la aplicación de deducciones del 30% sobre las cantidades satisfechas por suscripciones o participación de acciones, hasta un máximo de 200.000 euros. Otra de las características de esta sociedad sería su compromiso estatutario respecto a un interés general.
FACILITAR LA ACTIVIDAD
A su juicio, esta ley aporta una figura jurídica específica para estos emprendedores sociales, que combina las características de una empresa o sociedad limitada tradicional (con ánimo de lucro pero con un objetivo social), posibilitando su acceso al mercado de capitales y a financiación, con las ventajas propias de entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables y favorecer su inclusión social.
"Queremos facilitar la actividad de los emprendedores sociales y apoyar su importante labor, tanto en el ámbito de generación de empleo, como en el ámbito social", señala el nacionalista catalán al mismo tiempo que destaca el papel de la iniciativa social como "dinamizador de ocupación".
Según indica, en la UE la economía social emplea a más de 11 millones de trabajadores. Es más, apunta a informaciones de la Comisión Europea que indican que el emprendedor social deber ser visible y reconocido en el mercado, y para ello necesita disponer de mejores instrumentos para acceder al mercado de capitales y a la financiación para desarrollar sus proyectos.
Es más, Campuzano sostiene que en varios estados han surgido nuevas fórmulas jurídicas para favorecer la actividad del emprendedor social, "no así en España".
