Da veinte días a la Fiscalía para que decida si se adhiere o si formula demanda
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha resuelto admitir la demanda que Sociedad Civil Catalana presentó hace justo un mes contra 11 exaltos cargos del Govern, entre los que incluía a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras, por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la acción exterior de la Generalitat.
En una nota de prensa del órgano fiscalizador, recogida por Europa Press, se apunta que el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento acuerda asimismo dar traslado de esta demanda al Ministerio Fiscal a fin de que, en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, manifieste si se adhiere a la misma, o, en su caso, formula demanda.
También acuerda dar traslado de la demanda de Sociedad Civil Catalana a los once demandados, a los que esta asociación reclama 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable. El Tribunal de Cuentas advierte a los exaltos cargos que el emplazamiento para contestar se realizará después de que se pronuncie el Ministerio Fiscal.
En la lista de demandados por Sociedad Civil Catalana está también los exconsellers Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Francesc Homs.
APELA A LA FISCALÍA
En su demanda, Sociedad Civil Catalana apelaba a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que actuaran para recuperar las presuntas cantidades malversadas.
La entidad atribuía a los 11 excargos cantidades individuales por conceptos concretos que supuestamente aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos, aunque todos deberán responder de forma solidaria al total de 5.309.807 de euros. Atribuían gastos de 3,3 millones euros a Puigdemont; 2,5 millones a Junqueras, y 1,8 millones a Mas, por ejemplo.
La demanda llegaba después de que el pasado noviembre el Tribunal de Cuentas abriera la fase de enjuiciamiento para los encausados por los gastos del referéndum ilegal de 2017 y los gastos del Govern para acción exterior. Por el primero de los conceptos, relacionado al 1-O, el órgano fiscalizador reclamó 4,1 millones de euros en un acta de liquidación provisional emitida en 2020. Por el segundo, requirió 5,4 millones de euros.
Los representantes de Sociedad Civil Catalana que se personaron en febrero ante el Tribunal de Cuentas con la demanda de 114 folios señalaron, y así dejan constancia en el escrito, que no puede recaer en su institución --"como actor público y entidad con recursos materiales y económicos muy limitados"-- la persecución de todas las responsabilidades contables derivadas de la actuación del Govern.
A su juicio, "deberán ser los poderes públicos y las instituciones del Estado los encargados de la persecución y solicitud de reintegro de todas las cantidades malversadas por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre".
En este sentido, recordaron que fue la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y SCC quienes denunciaron los gastos directos asociados al 1-O, "por lo que en coherencia es lógico que sean ambos los que persigan mediante la correspondiente demanda al reintegro de las cantidades presuntamente malversadas".
"Incluso creemos que ostentaría la Abogacía del Estado una legitimación indirecta al haber sido parte en el procedimiento penal seguido ante el Tribunal Supremo, ante el cual interesó junto con el Ministerio Fiscal la remisión de particulares y de la sentencia al Tribunal de Cuentas para el establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas", añadían.
