MADRID, 19 Abr. (OTR/PRESS) -
No es argumento menor el derecho de un país a disponer de sus recursos naturales. O a la disposición de los mismos con carácter preferente. Argentina ha ejercido ese derecho, en nombre del "interés público", según su legislación nacional pero a espaldas de la legislación, los usos y las costumbres internacionales sobre inversiones y libre comercio. También ha violado el espíritu y la letra de los consabidos tratados bilaterales, especialmente el firmado con España en 1991 en materia de protección mutua de inversiones.
En base a esos incumplimientos se dispone el Gobierno español a llevar a cabo una ofensiva legal y diplomática a escala internacional de inciertos resultados. Inciertos porque cualquier exceso en ese terreno puede generar males mayores para nuestros intereses. Dicho sea pensando en los cientos de empresas españolas instaladas en el sistema productivo del país gobernado actualmente Cristina Fernández.
No sabemos aún en qué medidas va a concretarse una ofensiva que, de momento, no contará con el respaldo de EE.UU. Sí con el de la UE, pero más bien moral. Tampoco puede ir más allá de ciertos gestos, como la reciente suspensión de su prevista reunión de carácter comercial con el Gobierno argentino. Testimoniales también han sido las declaraciones de mandatarios latinoamericanos que, como el presidente Calderón, de México, creen más en los principios de seguridad jurídica derechos de propiedad que la presidenta argentina.
Por tanto, al especial cuidado que España debe tener de no perjudicar al resto de las inversiones españolas en Argentina hemos de unir su actual fragilidad en las relaciones de poder a escala mundial. Sirva de ejemplo la falta de información con la que se ha manejado el Gobierno respecto al "cristinazo". Es sabido que el anuncio oficial de la expropiación de Repsol-YPF se produjo apenas veinticuatro horas después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el asunto se había reconducido.
Fue la primera en la frente. La segunda, el desmarque de EE.UU. por boca de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Y la tercera, la reacción de Bruselas poniéndose de nuestro lado pero dejando claro que el asunto ha de tratarse bilateralmente. Para todo eso había servido la previa exhibición de músculo. Recordemos que el Gobierno amenazó con que habría "consecuencias". Y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció el uso de "todos los instrumentos a nuestro alcance" si se consumaba la expropiación porque "allí donde hay una empresa española estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses".
La doctrina es discutible porque los intereses generales no suelen llevarse bien con los de una empresa privada. Y además su aplicación podría perjudicar precisamente a otras empresas españolas que están poniendo sus barbas a remojar.
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