Cayetano González.- Mancillar al estado.

MADRID 5 Mar. (OTR/PRESS) -

El actual vocal del Consejo General del Poder Judicial -nombrado a propuesta del PSOE- José Manuel Gómez Benítez fue una de las personas que negoció en nombre del Gobierno con la banda terrorista ETA en la pasada legislatura. Informaciones obtenidas de las actas de dichas reuniones incautadas a miembros de la banda terrorista colocan a la citada persona en una situación insostenible al acusarle de haberse comprometido ante los terroristas negociar con el Tribunal Supremo una sentencia exculpatoria para Jarrai -la rama juvenil de ETA- y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, la "franquicia" de la banda terrorista que tanto Zapatero como el Fiscal General del Estado permitieron que se pudiera presentar en las elecciones autonómicas vascas de mayo del 2005.

Pero no fue la única "actuación" escandalosa de Gómez Benítez en el transcurso de aquel mal llamado "proceso de paz", porque también se le atribuye haber presentado ante los terroristas de ETA como prueba de buena voluntad del Gobierno de Zapatero para mantener la negociación, lo que se ha conocido como el "chivatazo" del Bar Faisán, es decir, que la policía -con el necesario visto bueno de los responsables políticos del Ministerio del Interior- avisara a uno de los responsables de la red de extorsión de ETA que no acudiera a una cita en Francia porque había una operación policial en marcha y serían detenidos.

A raíz de conocerse todo este conjunto de informaciones, el vocal Gómez Benítez no ha tenido otra ocurrencia que decir que el prestó un "servicio al Estado" del que no tiene por qué arrepentirse. ¿Qué concepto de Estado tiene este señor? y ¿qué entiende por servicio a ese supuesto Estado? Porque las acusaciones que penden sobre él son de tal gravedad que si no da explicaciones más convincentes lo que resulta escandaloso es que todavía continúe en el órgano de gobierno de los jueces. Algo está mal, muy mal en nuestra democracia, cuando actuaciones tan indignas e inmorales como las que tuvo este personaje no son resueltas inmediatamente por el propio sistema democrático. Porque este señor no ha "servido" al Estado. Lisa y llanamente lo ha mancillado.

Pero para ser justos, no toda la culpa puede recaer sobre Gómez Benítez. Si él acudió a esas reuniones con ETA representando al Gobierno lo lógico es pensar que recibiera instrucciones de éste para actuar como actuó. Y en este punto nos volvemos a topar con algo que es una constante en la lucha antiterrorista cuando ha gobernado el PSOE: la ausencia de convicciones y de principios firmes para saber que la mejor forma de acabar con el terrorismo es combatirlo desde el Estado de Derecho, aplicando la ley y no cogiendo atajos al margen de ésta. Avisar desde la policía a los terroristas para que puedan huir y no ser detenidos; prometer a los terroristas que se intentará influir en el poder judicial para que no dicten sentencias que perjudiquen a aquellos, aparte de inmoral, es una degradación del sistema democrático. Y los responsables de esas actuaciones tienen que pagar por ello.