José Cavero.- Se levanta el sumario del caso Gürtel

MADRID 5 Abr. (OTR/PRESS) -

La formación política que preside Mariano Rajoy, alternativa de Gobierno más que probable según todas las encuestas, tiene un problema mayor que amenaza seriamente su credibilidad e imagen, según señala hoy un amplio y documentado trabajo del diario El País referido a la financiación ilegal del PP. Asimismo, y de manera coincidente, desde el primer gran titular del diario Público se asegura que la financiación irregular se extiende por el PP, y que la Justicia destapa irregularidades en cuatro CCAA, las que encabezan o han encabezado Jaume Matas, Francesc Camps, Esperanza Aguirre y Manuel Fraga.

Empezamos por el relato de El País, periódico que siempre ha estado a la cabeza de las revelaciones del caso, y que ahora afirma que la supuesta financiación ilegal del PP a través de la trama empresarial delictiva que dirigía Francisco Correa, aparece documentada en la parte del sumario del caso Gürtel que el juez Antonio Pedreira pretende hacer pública este lunes día 5 de abril, y que hasta hoy permanecía secreta. El PP, en algunas de sus organizaciones territoriales, habría pagado al menos 12 millones de euros en dinero negro por sus actos electorales. La investigación judicial que arrancó hace dos años sobre las actividades ilegales de esa red ha permitido reunir numerosas pruebas, incautadas en las sedes de las distintas empresas de la trama o halladas en las cajas de seguridad abiertas en distintos bancos, que aportan fuertes indicios de la financiación irregular del PP. Los indicios de uno de los delitos más graves en que puede incurrir un partido político -la financiación irregular- se refieren a las organizaciones de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, y siembran de sospecha las finanzas de la dirección nacional del PP por los numerosos apuntes referidos a supuestos pagos de comisiones ilegales a Luis Bárcenas, que fue durante muchos años gerente del partido, y después tesorero.

En el reportaje se repasan, asimismo, los apuntes relacionados con la actividad electoral del PP de Madrid, pues las empresas de Francisco Correa se encargaban del montaje y desmontaje de todos los actos. En esos apuntes aparecen pagos que el PP hizo a través de Fundescam para "las elecciones autonómicas de 2003, las elecciones europeas de 2004 y el congreso regional 2004". Fundescam es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Un informe policial, que consta en la parte del sumario que mañana se hará pública, apunta las sospechas sobre este procedimiento irregular. En cuanto a la contabilidad de la filial valenciana de la trama, en la sede de Orange Market, la policía halló todo el historial de las relaciones de esta empresa con el PP y encontró numerosos apuntes en su contabilidad sobre pago en dinero negro, hasta 6,3 millones de euros, de numerosos actos organizados para la formación que preside Francisco Camps. Además, la policía cruzó los datos de la documentación incautada con las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red Gürtel, con Camps; su lugarteniente y ex número dos del partido, Ricardo Costa; el vicesecretario general del partido en esa comunidad, el vicepresidente Vicente Rambla; y la tesorera regional.

Otro capítulo del sumario se refiere a la caja de seguridad con las cuentas del PP en Galicia, donde la policía halló documentos de Pablo Crespo, el número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, que apuntaban pagos con dinero negro de hasta 5,9 millones de euros e incluso la existencia de facturas falsas. Además de estas evidencias, el juez también cuenta con informes de la Agencia Tributaria sobre la situación patrimonial de una decena de altos cargos del PP, entre ellos los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo (ex consejero de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco y cuatro ex alcaldes. En todos los casos, la Agencia Tributaria concluye que han cometido fraude fiscal en relación con el cobro de las comisiones ilegales no declaradas por 3,8 millones.

En cuando a la información que hoy proporciona el diario Público, destaca que detrás de los casos Gürtel, Fundescam y Palma Arena, no sólo han aflorado comportamientos poco transparentes de militantes y destacados dirigentes conservadores. Lo que más preocupa a la formación presidida por Mariano Rajoy son los informes judiciales y policiales que desvelan la financiación ilegal del partido y que tienen en el punto de mira a los conservadores de Baleares, Valencia, Galicia y Madrid. Sigue diciendo que, a tenor de lo que señalan estos documentos, la tesis de la dirección nacional del PP de que no se está "ante una trama organizada de financiación irregular del Partido Popular, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del Partido Popular", esgrimida desde el estallido del caso Gürtel, podría tambalearse. El levantamiento del secreto del grueso del sumario de la Gürtel, previsto para este lunes día 5 de abril, será clave para conocer si, tal y como sostiene la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, "esto no es Filesa", en alusión a la trama de financiación ilegal creada por el PSOE a finales de los ochenta.

También refleja Público varios archivos almacenados en un lápiz de memoria del que se incautó la policía en un piso de seguridad de la trama Gürtel en Madrid, y que ponen de manifiesto la doble facturación de la formación presidida por Esperanza Aguirre para financiar sus campañas electorales en 2003. Y en este caso, Special Events, la empresa matriz de la trama corrupta realizó un papel similar a Orange Market, su filial en la Comunidad Valenciana. La encargada de realizar los pagos, como ocurría con Illesport en Balears, fue la fundación Fundescam, creada en 2000 y perteneciente al propio partido. El mismo informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía que desvela la financiación ilegal del PP valenciano pone de manifiesto que Fundescam corrió con los gastos de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003. La del 25 de mayo y después, tras el episodio del tamayazo, y la del 26 de octubre. La forma de burlar la ley electoral y así poder gastar más dinero de lo permitido era la siguiente: Special Events organizaba actos para el PP de Madrid que pagaba Fundescam. Y para maquillar esta práctica, la empresa de la trama emitía facturas que nada tenían que ver con el concepto real. Es decir, no podía aparecer por ningún lado que se trataba de actos de partido. En total, la fundación llegó a recaudar cerca de 800.000 euros. Como ocurrió en la Comunitat Valenciana, el círculo se cerraba cuando las aportaciones de estos empresarios eran correspondidas por el Gobierno de Aguirre mediante la adjudicación de contratos.

Por último, menciona Público que el PP de Galicia se sumó a los dolores de cabeza de Rajoy a cuenta del caso Gürtel. El PP gallego había pagado 3,2 millones de euros en dinero negro entre abril de 1996 y septiembre de 1999. Los beneficiarios de esta cantidad fueron proveedores que se dedicaron a organizar eventos para la formación que por entonces presidía Manuel Fraga y que tenía a Pablo Crespo como secretario de Organización. En una conversación con su abogado intervenida en prisión, Crespo no ocultaba su preocupación: "El lío que se puede montar es morrocotudo", admitía, mientras se preguntaba cuándo prescribían este tipo delitos. Una reciente decisión del TSJ de Madrid ha invalidado las escuchas realizadas en la cárcel a los presos de la Gürtel, de forma que la financiación ilegal del PP de Galicia puede quedar fuera del sumario. Pero los documentos están ahí y, una vez conocidos por la opinión pública, no son tan fáciles de borrar, dice Público.