José Cavero.- La mala fama de los políticos.

MADRID 29 Jun. (OTR/PRESS) -

Hace unos días, el ex ministro Miguel Boyer advertía sobre el riesgo de que los políticos terminen siendo unos analfabetos por la escasa valoración económica que se les dispensa. Este mismo lunes, en un reportaje en La Vanguardia, su autor relataba desde Santiago la reacción de un grupo de turistas que estaban junto a la catedral de Santiago cuando vieron pasar un coche oficial. "¡Fuera, fuera! ¡Qué cara le echas!", gritaron, sin saber si quien viajaba en el asiento de atrás era un ministro socialista o un consejero del PP. De forma aislada, pero con mayor frecuencia de lo habitual, estas escenas se reproducen, como síntoma del desprestigio de la política, escribe el reportero. Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), muestran los mayores niveles de desafección de los últimos quince años. La crisis económica es el factor coyuntural, y la baja calidad de la representación pública, el estructural. En este contexto, la bajada de los salarios hace más difícil todavía captar para los cargos institucionales a las personas más preparadas y menguar el dominio de los aparatos partidarios, mientras resurge el debate sobre las incompatibilidades. Ha señalado a continuación que en su primera reunión, el nuevo Gobierno británico, de conservadores y liberaldemócratas, acordó reducirse el sueldo en un 5 por ciento, como el cambio que también introdujo el Ejecutivo portugués, cuyo primer ministro, José Sócrates, afirmó que se trata de una medida "simbólica" de bajo impacto financiero para intentar transmitir que los sacrificios en tiempos de penuria afectan a todos. Estos recortes pueden provocar algunas alteraciones en los ránkings europeos de salarios de los políticos, en los que los españoles ocupaban posiciones bajas. En el 2007, según publicó el Financial Times, los diputados italianos tenían un sueldo básico de 11.703 euros, frente a los 7.450 de los ingleses, los 7.009 de los alemanes y los 6.953 de los franceses, mientras el de un diputado raso español no llegaba a los 5.000 euros. El Financial Times también señalaba que el Parlamento español tenía un coste anual de 150 millones de euros, frente a los 1.465 de Italia, 845 de Francia, 644 de Alemania y 411 del Reino Unido, donde se han registrado los últimos escándalos por prebendas.

A continuación, el reportaje del diario barcelonés aportaba algunas opiniones: "Tiene pocas ventajas ser político hoy en día. Estás mal visto, cobras como un funcionario y encima los aparatos de los partidos no te dejan hacer nada sin su supervisión", resume Fermín Bouza, catedrático de Opinión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. El recorte de alrededor del 10 por ciento que se está aplicando a las retribuciones de los políticos no ayuda a mejorar la situación, aunque en un momento en el que se rebajan las nóminas a los funcionarios y se exigen sacrificios al conjunto de la ciudadanía, esa medida tenga un valor simbólico. "Como ejemplo es positivo, pero cuando se recupere la economía habría que subir los salarios, pues les deberíamos de pagar más a los políticos", considera Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Manuel Zafra, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada y ex director general de Administración Local del Gobierno central, critica la "subasta suicida a la baja a ver quién cobra menos. Es un error demagógico y populista, otro de los incentivos negativos para que acudan a la política personas que no tienen otros medios de ganarse la vida". Zafra asegura que en España "un alto cargo casi recibe más en especie que en metálico", en referencia a las prebendas y los privilegios que disfruta. Precisamente, mediante la reducción de privilegios y el establecimiento de retribuciones atractivas y transparentes, cree Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, que se podría corregir el desprestigio de la política en España. "La solución pasa por profundizar en las políticas de transparencia y de rendición de cuentas, en la proximidad de los políticos, como sucede en los países escandinavos", sostiene Villoria, quien recuerda que a mediados de los 90, en la época en la que se conocieron los casos de corrupción socialistas y en la que se vivió la anterior crisis económica, se manifestaban en los barómetros del CIS niveles semejantes, o incluso mayores, de malestar ciudadano con la política y los políticos.

Ya en 1992, Juan José Linz, el politólogo español de mayor prestigio internacional, advertía que "las leyes rígidas sobre la incompatibilidad de puestos en la sociedad y un cargo público suenan muy democráticas y dirigidas a garantizar el interés público, pero pueden llevar a otro peligro: la transformación de la política en una ocupación para toda la vida y de dedicación exclusiva". Linz señalaba que la consecuencia de este proceso es que la élite política sea "menos representativa de la sociedad en general y más aislada de sus preocupaciones, mucho más dependiente del liderazgo del partido y menos independiente en sus opiniones". Según Linz, leyes como la española, que impide durante dos años al ex alto cargo prestar servicios en las áreas en las que gobernó, tendrían un balance negativo, ya que sería más lo que pierde la sociedad que lo que gana al protegerse del tráfico de influencias. Se trata de tesis muy controvertidas, porque, como indica Manuel Villoria, esa legislación tiene como función evitar la colonización de la administración por las empresas y los grupos de presión, el peligro de lo que se conoce como las puertas giratorias. "Hay que diferenciar lo público de lo privado", afirma. En cambio, Fermín Bouza defiende establecer mecanismos de vigilancia, pero evitar que las incompatibilidades sean un freno para incorporar a personas más preparadas a las instituciones. Otro de los debates abiertos es el de la posibilidad de exigir una preparación para ocupar cargos, lo que los expertos rechazan para puestos electivos aunque, como apunta Villoria, sería deseable una carrera de personal directivo para evitar que los altos cargos intermedios los ocupen personas de confianza sin los conocimientos adecuados.

Un debate más de los muchos que suscita la crisis y sus efectos perversos...